El razonable éxito contra las minas antipersona

Balance de los primeros cinco años del Tratado de Ottawa que alienta la prohibición total de estos artefactos

por Mateo Balín

Pequeñas, baratas y tremendamente crueles. Las minas antipersona fueron pensadas para matar y mutilar, y su uso sobre el terreno ha cumplido a la perfección este letal objetivo: cada año entre 15.000 y 20.000 personas padecen sus consecuencias. Más de 40 al día. Una cada media hora. Nadie duda de que las cifras sean alarmantes, mortíferas, crudas, pero los avances implementados por la comunidad internacional en estos últimos cinco años son alentadores. Pocos tratados han logrado en tan poco tiempo los éxitos de la Convención de Ottawa para la erradicación de estas pequeñas armas de destrucción indiscriminada.

“Esta Convención es una de las gestas de mayor éxito que ha realizado la comunidad internacional en los últimos años”. Así resume el jefe de minas y armas de la Cruz Roja Internacional, Meter Herby, los logros de la Convención o Tratado de Ottawa cinco años después de su entrada en vigor. Durante este tiempo, tres cuartas partes de los miembros de Naciones Unidas lo han ratificado, entre ellos, Estados clave africanos. La producción ha caído, también el comercio ilícito, los programas de financiación han aumentado sus presupuestos, los proyectos civiles se han dinamizado, y sobre todo, el número de víctimas se ha reducido en casi la mitad anualmente desde 1997, año de la firma del tratado.

Una de las dulcificantes medidas que permiten ver con optimismo el logro de Ottawa fue el endurecimiento de las normas desde marzo de 1999. La convención, cuyas decisiones son vinculantes, prohibió, totalmente y sin excepciones, la producción, comercialización, uso y almacenaje de minas antipersona. Una decisión muy contestada -levantó resquemores insalvables entre los principales países no firmantes, encabezados por China, Rusia y Estados Unidos, tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad-, pero que ha sido considerada como muy acertada.

La certeza de los países pioneros del tratado, caso de Canadá, de alentar la prohibición total a cambio de un jugoso paquete de réditos ha dado sus frutos. Así lo han percibido parte de los 143 países que han estampado su firma sin excesivas pretensiones políticas, quizá por el clarividente articulado del tratado o, siendo pragmáticos, por las ventajas económicas o laborales que ofrecen costosas actividades como el desminado (remover y hacer explotar una mina supera los 1.000 dólares cuando producirla cuesta a penas tres).

Además, no todo el Tratado es restrictivo. Destacan puntos más flexibles como la posibilidad de conservar pequeñas cantidades de minas con fines instructivos, o el factible intercambio de material e información entre países para llevar a cabo programas de rehabilitación.

Para la responsable de Human Rights Watch en la iniciativa de control del uso de estas armas invisibles, Mary Wareham, el “Tratado de Ottawa ha demostrado ser algo más que bellas palabras en el papel para convertirse en un aliciente real a la hora de salvar vidas y miembros en todo el mundo”. Y recuerda además, que otro logro reside en el compromiso de los países firmantes a destruir sus reservas de minas en un plazo de cuatro años y limpiar los campos minados en diez.

Logros y cuentas pendientes

Hasta el momento, en el ecuador del plazo de aplicación del Tratado de Ottawa, se han destruido más de 37 millones de minas a lo largo y ancho de 1.100 kilómetros cuadrados. “La sensibilización de la población, la delimitación de terrenos minados y el desminado, han contribuido a una disminución de las víctimas”, explicó a la agencia France Press Richard Kollodge, del Servicio de Acción de la ONU contra las Minas. “Creíamos que llevaría décadas eliminarlas y ahora nos damos cuenta de que se puede hacer en unos pocos años, aunque el problema aún no esté solucionado”.

Y es que Kollodge se refiere implícitamente a los 110 millones de minas que aún siguen activas sobre una superficie indeterminada (sólo en Bosnia el área afectada se estima en 4.000 kilómetros cuadrados, casi el doble del territorio que ocupa Luxemburgo); a los 42 países que siguen fuera del tratado, entre los que destacan, además de los tres citados, Pakistán, India, países de Oriente Medio y antiguas repúblicas soviéticas; a los que están y cumplen a medias, caso de Georgia o Nepal (que no han ratificado el Tratado de Prohibición); y a las peticiones de Estados Unidos para formar parte (desea revisar el texto aunque en el fondo, y a pesar de que dona sumas millonarias para el desminado, “prefiere ir por libre”).

En el caso de las flagrantes ausencias de Rusia y China sus motivaciones parecen ser distintas. Ambos poseen más del 80% de las reservas mundiales -se estiman en 230 millones- para seguir comerciando y, aunque de vez en cuando anuncian la destrucción de parte de su arsenal, la posesión de este stock acumulado durante la Guerra Fría sigue siendo válido para practicar la disuasión a menor escala. En el caso de Rusia, cabe destacar la paradoja de que aunque acepta algunos puntos de Ottawa, como el concerniente a la producción de minas, no niega públicamente el uso de las mismas, caso de Chechenia en los últimos meses, según asegura el Observatorio de Minas de le ONU (En 2003-2004 sólo cuatro gobiernos usaron este armamento por 15 en 1998).

Próximo lustro

Con estas buenas esèctativas, la capital de Kenia (Nairobi), recibe durante los primeros días del mes de diciembre a los ministros de Exteriores de los países firmantes del tratado antiminas. Bajo el epígrafe ‘La Cumbre para un Mundo Libre de Minas’, los jefes de la diplomacia internacional darán la bienvenida oficial a países incluidos recientemente como Etiopía, Eritrea, República Democrática del Congo, Nigeria, Chile y, en especial, Angola, Afganistán y Colombia, tres de los países más minados del mundo junto a Camboya, lo que demuestra la buena salud del Tratado de Ottawa.

Las líneas maestras de la cumbre africana se incluirán en un “Plan de acción” de 70 puntos que tienen previsto aprobar por unanimidad los 143 países y que fijarán los objetivos para los próximos cinco años. Los buenos resultados del pasado lustro hacen que en principio no varíen en demasía los puntos a seguir salvo aquellos concernientes a reforzar las perspectivas menos esperanzadoras. Como por ejemplo, impulsar medidas diplomáticas tendentes a la universalización del tratado, donde la UE tiene mucho que decir, o defender el incremento progresivo de los recursos financieros del Fondo Voluntario de la ONU para el Desminado frente a las ayudas bilaterales entre países, que en ocasiones presentan oscuros intereses.

Es en este punto donde se requieren los mayores esfuerzos. La financiación acumulada para este programa en la última década ascendió a 1.400 millones de dólares, de los cuales la mitad han sido asignados en los últimos tres años. Sin embargo, el costoso proceso de desminado y la presencia de 110 millones de minas sembradas y listas para explotar, junto a 120 millones más que permanecen aún almacenadas, hace que con los recursos actuales se estime entre 150 y 400 los años para retirarlas de la superficie terrestre.

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