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Que el TLC se consulte a los colombianos
Publie le Martes 1ro de febrero de 2005 par Open-PublishingPor Jorge Enrique Robledo
Existe confusión sobre los alcances del 
              Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, pues muchos 
              piensan que sus gravísimas amenazas se limitan al sector 
              agropecuario y los medicamentos genéricos. Pero, en realidad, 
              modificará negativamente un sinfín de aspectos claves 
              de la vida del país, y lo hará mientras dure su vigencia, 
              que está pensada sea para siempre.
Lo que se firme sustituirá aspectos fundamentales 
              de la Constitución Política de Colombia, al reglamentar 
              muchas de las actividades del país en su relación 
              con los ciudadanos estadounidenses y los de los otros países 
              con los que Estados Unidos suscriba acuerdos similares. Para hacerse 
              a una idea de la amplitud de los cambios debe saberse que el TLC 
              entre Estados Unidos, México y Canadá ocupa 450 páginas 
              de letra menuda, definiendo una maraña de reglamentaciones. 
              Y reemplazará la Constitución, porque en el ordenamiento 
              jurídico colombiano los acuerdos internacionales, una vez 
              ratificados por el Congreso y aprobados por la Corte Constitucional, 
              adquieren vigencia de orden superior. En adelante, cuando se vaya 
              a aprobar una ley o expedir una norma, más que mirar la Constitución 
              para saber de su legalidad, habrá que observar si lo autoriza 
              el TLC.
Si Estados Unidos logra clavarle a Colombia lo 
              que no pudo imponerle a la mayoría de los países del 
              mundo en la Organización Mundial del Comercio, que es de 
              lo que se trata con el TLC, el país perderá una parte 
              medular de su soberanía y, en especial, la que le permite 
              emplear las mismas palancas que usaron las naciones desarrolladas 
              para llegar a ser tales. Por ejemplo, desaparecerán los aranceles 
              y demás mecanismos que protegen al agro, como se sabe, pero 
              también a la industria, cuyas pérdidas serán 
              aún mayores, como se deduce de lo ocurrido en los pasados 
              14 años. Al dárseles "trato nacional" 
              a los gringos, Colombia no podrá utilizar sus propias normas 
              para privilegiar los intereses de sus nacionales. Tampoco podrá 
              el Estado colombiano reservar sectores claves de la economía 
              para su control o el de los colombianos. Con los tribunales de arbitraje, 
              a las transnacionales se les creará una juridicidad especial 
              y hecha a su medida. La suma de los aranceles de 0% más el 
              incremento de los estándares en propiedad intelectual y patentes 
              intensificará el grado de barbarie científica y tecnológica 
              en el que ya se encuentra el país. Al convertirse en "servicios", 
              es decir, en vulgares mercancías, no podrán ser derechos 
              ciudadanos la educación, la salud, la cultura y el medio 
              ambiente. Y pegadas de cambios legales y económicos tan grandes, 
              vendrán consecuencias sociales todavía peores que 
              las sufridas en la primera etapa del neoliberalismo.
Para empeorar las cosas, una vez se firme el 
              TLC será muy difícil echar para atrás las normas 
              lesivas aprobadas a partir de 1990, pues para hacerlo habría 
              que denunciar el Tratado. Por ejemplo, durante su vigencia no podrá 
              derogarse el contenido principal de las leyes 100 y 142, sobre salud, 
              pensiones y servicios públicos domiciliarios, pues la privatización 
              es una de las políticas que ratificará y amarrará 
              el acuerdo.
Si lo que se pretende deroga aspectos fundamentales 
              de la Constitución Política de Colombia o los torna 
              insustanciales, haciéndoles daño a tantos, ¿por 
              qué se tramita como si fuera un tratado internacional corriente? 
              Si sólo una Asamblea Constituyente puede hacerle cambios 
              medulares a la Constitución, y ella implica un gran debate 
              nacional y una elección popular, ¿por qué no 
              se somete el TLC a un referendo? Y con más razón aún 
              si se considera que el candidato Uribe Vélez dijo tan poco 
              sobre el tema en su campaña, que su "Manifiesto 
              Democrático" ni siquiera menciona un tratado de 
              libre comercio con Estados Unidos.
Los próximos 9 y 10 de febrero, los indígenas 
              del Cauca le van a dar otro ejemplo de democracia y valor civil 
              al país. Convocados por sus alcaldes, los habitantes de Jambaló, 
              Toribío, Caldono, Silvia e Inzá votarán sí 
              o no a la pregunta: "¿Está Usted de acuerdo 
              con que Colombia firme un Tratado de Libre Comercio con Estados 
              Unidos?". ¿Cuánto tiempo demorará 
              el Gobierno en advertir que no les preguntará lo mismo a 
              todos los colombianos?
Fuente: www.macondoonline.com




