“La ley como fue aprobada no toma suficiente cuenta de los principios de verdad, justicia y reparación en acuerdo con estándares internacionales acordados”

Por Cristiano Morsolin*

Haciendo eco de las fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos nacionales como internacionales, el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea acaba de tomar una decisión con respecto al apoyo pedido por el gobierno clombiano al programa de éste de demobilisación, inscrita en la Ley de “Justicia y Paz”.
En el documento final emitido en Luxemburgo el lunes 3 de octubre de 2005 “el Consejo anotó que las preocupaciones expresadas por la OACNUDH y otros, de que la ley como fue aprobada no toma suficiente cuenta de los principios de verdad, justicia y reparación en acuerdo con estándares internacionales acordados. El Consejo compartió muchos de estas preocupaciones incluyendo: el énfasis insuficiente en la necesidad de un desmonte efectivo de las estructuras paramilitares colectivas; la desdibujación de distinciones entre crímenes “políticos” y de otro tipo; el poco tiempo permitido para la investigación de confesiones, y para la investigación de bienes que pudieron haber sido adquiridos como resultado de actividades ilegales; la restricción de oportunidades para que las víctimas pidan reparaciones; la limitación de penas máximas para los crímenes más serios; y la fuerte presión por recursos sobre el sistema legal colombiano para sobrellevar las exigencias de la nueva ley”.

“Estoy contento que el texto del Consejo contiene la totalidad de las críticas pronunciadas por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en Bogotá“, dice Alain Lipietz (hhtp://lipietz.net), diputado verde en el Parlamento Europeo y Presidente de la Comision UE por la relacion con los paises andinos. “Los miembros del Consejo han comprendido los análisis hechos por multiples instancias internacionales, entre ellas la Comisión Internacional de Juristas (www.icj.org ), que el grupo de los Verdes había invitado al Parlamento Europeo hace dos semanas“. El Consejo toma nota de la Ley de Justicia y Paz, al mismo tiempo que recuerda que el marco legal del proceso de demobilisación y de reintegración tiene que ser conforme con las normas internacionales. Además tiene que tomar en cuenta los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la paz.
A pesar de los numerosos esfuerzos del gobierno colombiano para disimular los aspectos problemáticos de dicha ley con una campana de cabildeo durante un viaje por Europa que varios de sus miembros hicieron recientemente, el documento que determina la futura política europea con respecto a la demobilisación subraya los fallos del proceso: el desmantelamiento eficaz de las estructuras paramilitares no está garantizado de manera suficiente; no está previsto que los paramilitares confesen la totalidad de sus actividades ilegales y criminales, las víctimas sólo tienen oportunidades muy limitadas para reclamar reparaciones. „La Unión Europea se ha mostrado muy reticente frente a las demandas del gobierno Uribe. De ninguna manera está dispuesta a dar luz verde a que las violaciones de derechos humanos continuen. La Unión Europea no ofrece las ayudas que el gobierno colombiano le ha pedido, sino persigue los programas existentes en los diferentes sectores de ayuda a los víctimas, particularmente la ayuda a la demilitarización de los niños-soldados en cooperación con UNICEF,“ dijo Alan Lipietz.

Laëtitia Sédou, Coordinadora a nivel de Europa de la Organizacion Mundial Contra la Tortura OMCT (la coalicion de 260 ONGs mas grande en el mundo que se ocupa de tortura, desaparicion forzada, ejecusiones somarias, etc. - www.omct.org ), desde Bruselas declara que “estamos tambien decepcionados ya que con las ONGs Internacionales en Bruselas habiamos puesto bastante pression tambien, pero tampoco fue una gran sorpresa. Desafortunadamente el clima actual en Europa esta mas que todo focalisado en la lucha contra el terrorismo, immigracion etc. asi que es a cada vez mas y mas dificil defender los Derechos Humanos frente a otros intereses. La estrategia de "seduccion" del gobierno Colombiano no tuvo difficultades en imponerse frente a gobernios muy dispuestos a dejarse seducir... Solo queda seguir de muy cerca el proceso de implementacion e intentar denunciar a cada vez los limites para obligar la UE a no olvidarse del caso”.

Mariana Duarte - Observatorio Internacional por la proteccion de defensores de Derechos Humanos (Programa OMCT-FIDH), desde Ginebra agrega que “acerca de las conclusiones nosotros no teníamos muchas esperanzas pues la mayoría de los países miembros no querían oponerse a Uribe; pero acreditamos que las acciones de ONG hayan contribuido a que el Consejo de la UE reiterara algunas preocupaciones de la oficina de la ACNUDH en torno a la aplicación de ley. Será muy importante seguir con el trabajo de seguimiento del proceso de desmovilización en el marco de la ley dicha de Justicia y Paz!”

Christiane Schwarz - Ong KOLKO, desde Berlin enfatiza que “si bien con un lenguaje un poco critico, se optó por un apoyo del proceso. Tambien han dicho que si la ley se implementa efectiva y transparentemente, puede ser una efectiva contribución a la búsqueda de la paz, y sientan las bases para involucrarse en un proceso de monitoreo. Dentro de algunos aspectos medianamente positivos se encuentra el apoyo al trabajo de la OACNUDH y se urge que se implenten sus recomendaciones. Se apoya tambien una evaluación semestral de esas recomendaciones, aunque sería hecha en Colombia y no en el marco de las Naciones Unidas. Tambien es de rescatar que el Consejo habla de un “conflicto armado interno”.

Amira Armenta - Programa “Droga y Democracia” del Transnational Institute TNI (www.tni.org ) de Amsterdam cree que “la actitud de la UE no ha sido sorpresiva. Ya se veía venir, especialmente conociendo la posición de Zapatero francamente de apoyo a Uribe. De todos modos el lobby hecho por las ONG en Bruselas fue y sigue siendo importante. Gracias a ello el respaldo de la UE quedó condicionado. Qué significa eso en la práctica? Está por verse. El caso es que los hechos en Colombia a diario dan señales de lo absurdo de esta ley. He notado una noticia del periódico colombiano “El Tempo” del día de hoy en primera página: Autodefensas suspenden desmovilizaciones para forzar al Gobierno a no extraditar a ’Don Berna’ en EEUU. Está tan claro que los paramilitares hacen lo quen quieren, que se permiten el lujo de decir qué les gusta y qué no. Y cuando no les gusta, entonces dicen que paran el proceso. Increíble! ».

El “grupo de amigos de España de las comunides de paz de San Jose de Apartadò” en una nota declara desde Madrid “que el Consejo UE toma un partido claro a favor de la ley de justicia y paz, y a favor del gobierno colombiano en su forma de aplicarla. Son unas conclusiones totalmente injustas con el pueblo colombiano, y con la necesidad que tienen las víctimas de verdad, justicia y reparación. Aunque el Consejo apoya a la población civil, y a todos y todas los defensores de derechos humanos que trabajan en Colombia, también apoya la forma en que el Presidente Uribe está llevando a cabo su proceso de "reconciliación" nacional, proceso que deja al margen a muchas de las víctimas del conflicto.
La UE habla de que la ley de “Justicia y Paz” logra un difícil equilibrio entre la paz, entendida como que todas las partes armadas entreguen las armas, y la justicia, entendida como que la verdad sobre el conflicto salga a la luz y las víctimas obtengan la reparación necesaria; sin embargo, un párrafo más abajo el Consejo reconoce que hay preocupaciones, problemas en la forma de aplicación de la ley, que si se solventaran harían de esta ley una forma efectiva de búsqueda de la paz. Sólo que esos problemas son tan graves, de tal magnitud: insuficiencia de penas graves para delitos de lesa humanidad, poco tiempo para realizar investigaciones, vaguedad en la distinción de delitos políticos, etc., que hacen practicamente imposible que la ley sea aplicada en un marco de transparencia, tal y como pretende el propio Consejo. Parece que la UE no quiere "mojarse" como decimos en España, o sea que trata de quedar bien con todos, pero en este caso eso es muy difícil, porque la ley tien consecuencias importantes, y de partida y no respeta el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y que no garantiza el fin de la impunidad.”

Valérie TECHER - Buro nacional de la red « France - Amérique Latine » lanza desde Paris una propuesta : “estariamos en favor de una carta conjunta al consejo de la UE y al Parlamento Europeo. Nos parece importante reafirmar los principios de nuestra ultima carta (http://www.omct.org/base.cfm?cfid=2...) y llevar la palabra del movimiento de victimas de crimenes de estado asi como de otras organizaciones. Tenemos una reunion esos dias con otras organizaciones y vamos a reflexionar”.

INTERCAMBIO ORGANIZADO POR LA COMISION DE DESAROLLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Un intercambio sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia tuvo lugar el martes 4 de octubre del 2005 en el Parlamento europeo, organizado por la Comisión del Desarrollo.
El debate ha sido introducido por la Presidente de la Comisión del Desarrollo, Sra. Diputada Luisa Morgantini. La Señora Morgantini recordó la innumerables violaciones de los derechos humanos en Colombia así como la total impunidad frente a los crímenes perpetrados, en su mayoría contra la población civil inocente, contra mujeres y niños, contra defensores de la paz y de las libertades contra la prensa y los sindicatos. Los grupos paramilitares responsables de tales actos, así como agentes del Estado y grupos de guerrilla,, los cometen en todo el país. la Sra. Morgantini citó entre otros el caso del Sr. Luis Eduardo Guerra de las comunidades de paz, asesinado con su mujer y su hijo al principio del 2005, y el caso de la Sra. Ingrid Betancur, ex-candidata presidencial en Colombia, secuestrada por la guerrilla de las FARC el 23 de febrero de 2002.
Frente a esto, la Unión Europea no puede esperar, declaró la Sra. Morgantini. Colombia es el mayor beneficiario entre los países de América del Sur del Fondo Europeo de ayuda humanitaria. La Ley "Paz y Justicia" aprobada por el congreso colombiano en el mes de junio del 2005 presenta demasiados puntos contestables, como subrayo ayer el Consejo europeo en sus conclusiones".

La Señora Adriana ARBOLEDA, representante de la ’Corporación Jurídica Libertad’, una ONG colombiana comprometida con la defensa de los Derechos Humanos, recordó las obligaciones del Gobierno de Colombia con el Derecho internacional y los compromisos hechos a la UE y al Alto Comisionado de Naciones Unidas al respecto. La Unión europea debe oponerse a un proceso que favorece la impunidad y permite el reciclaje de los grupos paramilitares. La desmovilización efectiva de las fuerzas paramilitares es esencial, así como la reparación para las víctimas. En la ciudad de Medellin, 18 estructuras que fueron "desmovilizadas" actúan todavía en muchos barrios, patrullan, extorsionan, secuestran, toman posesión de casas, se sirven de la prostitución para financiar y para blanquear el dinero de la droga. Muchos de estos paramilitares no entregaron sus armas. "Estamos lejos de acceder a un Estado de Paz y Justicia y esta ley nos aleja aún más de tal Estado". La Unión, antes de entregar ulteriores ayudas en el marco de este proceso, debería al menos esperar que la Corte Constitucional haya dado su veredicto sobre la constitucionalidad de esta legislación.
El Sr. Dick OOSTING, Representante de Amnesty International ante las instituciones europeas, expresó su decepción por las conclusiones del Consejo del 3 de Octubre de 2005 en relación con la situación en Colombia. Apoyar esta ley, así sea de manera ambigua y mencionando sus carencias, significa favorecer la impunidad y el reciclaje de paramilitares, entre los cuales algunos son sospechosos de graves violaciones de los derechos humanos. 70’000 personas fueron asesinadas en el conflicto colombiano, y muchas otras han sido declaradas desaparecidas. Las victimes tienen el derecho de pedir justicia, de poder denunciar sus agresores y los asesinos de sus familiares. La Unión europea debe enviar una señal fuerte al gobierno de Colombia y mostrarse más prudente en sus apoyos financieros y políticos. La garantía de los derechos humanos y del Estado e Derecho es fundamental para el futuro de Colombia. .
El Sr. Carlos FRANCO, Director del Programa Presidencial sobre los derechos humanos en Colombia, recordó los esfuerzos realizados por el Gobierno de Colombia para hacer progresar la promoción y el respeto de los Derechos humanos en ese país. Citó el trabajo de protección de los civiles realizado por la fuerza pública, los esfuerzos para aplicar las recomendaciones de la Comisión de los derechos humanos, los progresos realizados en el marco del plan nacional de acción, la orden presidencial que permite la revisión de archivos de inteligencia, la incorporación de una política de igualdad entre hombres y mujeres en las política públicas, la lucha contra la impunidad y las sanciones contra los agentes que violan las ordenes gubernamentales, los esfuerzos por extender la cobertura y mejora la calidad de la educación, la disminución de la violencia en la población y la que cometen las instituciones. Según el Sr. Franco, "el Gobierno no tiene ningún interés en ir contra el respeto de la paz y de la democracia. Par un futuro mejor, se necesita la colaboración y el interés de las dos partes."
El Sr. Franco añadió que "al primero de enero de 2006, ya no habrá ni un paramilitar en Colombia" y subrayó que el Gobierno respetará la decisión de la Corte Constitucional sobre el carácter constitucional o no de ley de Paz y Justicia El Sr Gay MITCHELL (MPE, Grupo del Partido popular europeo y de los Demócratas Europeos), señaló que habia leido con interés el documento del gobierno, pero también los informes críticos de Naciones unidad y de Amnesty Internacional sobre el proceso de desmobilización. La visión de las cosas tiene que ser equilibrada. El Sr. Fridhjof SCHMIDT (MPE, Grupo de los Verdes) recordó que la nueva ley es efectivamente criticada por todas partes. Los grupos paramilitares no han sido desmantelados y la impunidad impera. El Consejo, en sus conclusiones de ayer, pidió una verificación de la aplicación de la ley, y hay que instaurar mecanismos para ello.
El Sr. FRANCO reiteró que la ley prevee la reparación a las victimas, y que la opinion pública de Colombia es consciente que se llegará a la paz por este camino. "La actitud del Gobierno colombiano es sin dudas constructiva", añadió.
El Sr. OOSTING dijo que estaba de acuerdo sobre el hecho que los mecanismos de verificación precisos para ver si la aplicación de la ley no se hace en violación del derecho internacional deberían ser instaurados en concertación entre la UE y el Gobierno de Colombia.
La Sra ARDOLEBA replicó que es necesario leer la ley, pero también los comentarios de la Comisión interamericana de los derechos humanos, de Naciones Unidas, y de otras organizaciones internacionales que critican fuertemente dicha ley. El Consejo de Ministros de la UE debería exigir una respuesta del Gobierno de Colombia a la preguntas formuladas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 21 de septiembre pasado.
La Sra MORGANTINI concluyó el debate estimando que la aplicación de esta ley y el proceso de desmovilización exige una atención particular de parte de las instituciones europeas, y en particular el Parlamento europeo. Para esto, la Comisión de Desarrollo del Parlamento europeo seguirá de muy cerca la situación de los derechos humanos en Colombia.
En conclusión, recordó el apoyo de la UE a la conclusión de un acuerdo humanitario. Por otra parte, Colombia es el mayor destinatario de fondos de la UE en América latina. Por esto propuso que se invite a la Comisión europea a una próxima reunión, con el fin de examinar los logros y las dificultades de los proyectos en Colombia, en particular los laboratorios de paz. En cuanto a la ley de justicia y paz, la presidente reiteró la necesidad de instaurar mecanismos destinados a vigilar el desarrollo del proceso de desmobilización y la aplicación de lesta ley. A la Comisión del desarrollo le compete ademas vigilar de cerca el uso de los fondos europeos, para que no sirvan para obviar los derechos a de las víctimas a la justicia y que no sirvan a enriquecer aun mas unos paramilitares y narcotraficantes. Invitó a los asistentes a asistir a la ponencia que dará el señor Frülhing, de Naciones Unidas, ante la sub-Comisión de derechos humanos del Parlamento europeo, el próximo 10 de Octubre, concluye el resume del encuentro elaborado por Paul Emile Dupret - Grupo parlamentario de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL) y animador del Comité pour le respect des droits humains “Daniel Gillard” de Bruxelles, que realiza un interesante trabajo de documentacion sobre la guerra en Colombia.

COMENTARIO DEL MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO DE COLOMBIA

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, constituido el pasado mes de junio en Bogotá, y que reúne asociaciones de víctimas, familiares y sobrevivientes; organizaciones de derechos humanos, sindicales, de mujeres, étnicas, sindicales, campesinas, expresiones juveniles, entre otras, señala frente al pronunciamiento de la Unión Europea del 3 de octubre de 2005 lo siguiente:

“1. Contrario a lo que señala el gobierno colombiano sobre la desmovilización de las estructuras paraestatales, lo que ha venido ocurriendo es la institucionalización de estos grupos, la legalización de miles de hectáreas arrebatadas a los campesinos mediante masacres y desplazamiento -así como de las fortunas obtenidas por el narcotráfico, y la impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

2. Las propias conversaciones muestran hacia dónde avanza este proceso: No se ha respetado el cese de hostilidades, como han denunciado múltiples organizaciones; la población civil continúa en muchas zonas del país siendo víctima del control paramilitar; se han denunciado múltiples casos de legalización de dineros criminales a través del control de los juegos de azar, negocios de prostitución y contrabando, y la presión por obtener los dineros de las Empresas Prestadoras de Salud; son cada vez más evidentes los nexos de sectores de la política y de los gremios económicos con los paramilitares, que no han sido debidamente investigados.

3. Al tiempo que se conforman las entidades que ejercerán la reducida investigación y el otorgamiento de “penas alternativas” previstas en la ley de “justicia y paz”, una gigantesca operación de testaferrato y de legalización de fortunas fraudulentamente adquiridas se produce sin que las autoridades emprendan ninguna clase de iniciativa que permita decomisar los capitales y bienes usurpados. Todo esto con el fin de que las tierras arrebatadas a los desplazados, la posesión ilegal de territorios, los capitales del narcotráfico y los dividendos de otros negocios ilícitos, escapen exitosamente a toda acción judicial.

4. Esta Ley carece de total seriedad en cuanto a la participación y reparación de las víctimas. No entendemos cómo se pretende financiar la reparación cuando las cuentas de los victimarios no serán tocadas. En la medida que las grandes fortunas de los paramilitares quedan intactas, será la población la que termine pagando los daños ocasionados por los paramilitares. No puede ser digna una reparación que parte del criterio de que deben ser los fondos de la cooperación internacional -o peor aún, los empréstitos internacionales- los que otorguen indemnizaciones a una mínima parte de las familias y comunidades que han soportado el impacto de la acción criminal. Acudir a la ayuda internacional, y dejar intactas las inmensas fortunas de quienes detentan bienes que han sido arrebatados por la fuerza a los desplazados, a los “desaparecidos” y a los asesinados, es sin lugar a dudas una nueva afrenta para las víctimas y la sociedad.

5. Denunciamos todo el proceso de “negociación”, rechazamos el marco legal adoptado con violación de múltiples convenios internacionales y desconocemos la Comisión de Reparación y Reconciliación que pretende representar a las víctimas de crímenes de Estado. La representación de las víctimas no puede ser decidida al gusto del Gobierno. Reiteramos que al igual que en los casos de los países del Cono Sur del continente, lucharemos porque la verdad salga a la luz, se juzgue a los responsables, se restaure la memoria colectiva de nuestro país, siendo conscientes que el camino a recorrer es largo.

6. Consecuentes con estas consideraciones, nuestro movimiento y otros sectores del país hemos demandado la Ley de “Justicia y Paz”, que nosotros llamamos “Ley de impunidad”, por violar abiertamente la normativa nacional e internacional en la materia, otorgar carácter de delincuentes políticos a los paramilitares y negar la responsabilidad estatal en los crímenes, los cuales nunca prescribirán y nunca olvidaremos”.

*Cristiano Morsolin, educador-periodista italiano y operador de redes internacionales.
Trabaja en Latinoamerica desde 2001 con experiencias en Ecuador, Perú, Colombia, Brasil.
Fundador del Observatorio Independiente sobre la Región Andina SELVAS.
E-mail: campana_paz_colombia@yahoo.com

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