Portada del sitio > Colombia y el Plan Cóndor
Por Isaura Navarro*
El pasado 13 de diciembre, a plena luz del día, en pleno centro de Caracas, un comando de policías colombianos secuestraron a un ciudadano colombiano, lo encerraron en la maletero de un automóvil y lo llevaron durante quince horas de viaje hasta territorio colombiano. Se trataba de Rodrigo Granda, miembro de la Comisión Internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). No se ejecutó ninguna detención policial en base a una orden de busca y captura de la justicia colombiana, nunca lo detiene formalmente la policía venezolana a través de Interpol, ni se pide la extradición por los jueces de Colombia, ni es admitida ni rechazada esta extradición por la justicia de Venezuela para ser aprobada o no por el gobierno de Venezuela.
Simplemente un estado, el estado colombiano, secuestraba a un ciudadano en un país extranjero. Es un método muy conocido en los años 70. Se le llamó la Operación Cóndor y era utilizada por las dictaduras del Cono Sur durante la guerra fría para secuestrar a los activistas políticos en países extranjeros y llevarlos clandestinamente a manos de los militares de su país de origen donde eran torturados y desaparecidos.
Ese mismo tipo de secuestro ahora lo está haciendo el gobierno colombiano. Un gobierno que se dice democrático y que afirma que cumple las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Tampoco es la primera vez que se está ejecutando bajo la presidencia del actual gobierno de Alvaro Uribe. Otro miembro de las FARC, Simón Trinidad, fue secuestrado de la misma manera el pasado dos de enero en Quito. Ahora va a ser extraditado a Estados Unidos, Colombia ya se encargó de hacerle el juego sucio de secuestrarlo en un país extranjero.
Rodrigo Granda fue recibido hace cinco años por la Comisión Europea en Bruselas y Simón Trinidad participó en las negociaciones de paz con el anterior presidente colombiano Andrés Pastrana. Se trataba de representantes de las FARC que no iban armados, que no participaban en atentados ni acciones militares. Eran los interlocutores para poder alcanzar la paz.
Estamos ante una violación de la legislación internacional, del derecho internacional humanitario y de la soberanía nacional y territorial que cuenta la complicidad y el silencio de los países latinoamericanos y de la Unión Europea.
España estuvo altamente vinculada como país facilitador en los diálogos entre la insurgencia colombiana y el estado colombiano. Tanto en las conversaciones del gobierno Samper con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en 1998, donde España integró, junto a Francia, Noruega, Suiza y Cuba, el grupo de amigos, como posteriormente en las negociaciones de Andrés Pastrana con las FARC. Incluso, el mando superior de Rodrigo Granda, el comandante Raúl Reyes, fue recibido oficialmente en España durante aquellas negociaciones.
El gobierno español, en respuesta escrita a mi grupo parlamentario, le dio un voto de confianza al gobierno Uribe afirmando que “mantiene con el Gobierno de Colombia unas excelentes relaciones y respalda su lucha contra el terrorismo y el narcotráfico y los esfuerzos por consolidar la democracia y el Estado de Derecho”. También apuntaba que el Gobierno español tiene “como una constante de su política la protección y defensa de los derechos humanos, y la necesidad de consolidar la democracia y contribuir a resolver el conflicto que asola dicho país” y destacó su “activa participación en el seguimiento” de Colombia de las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Este nuevo renacer de la faceta más tenebrosa y brutal de las dictaduras latinoamericanas, la Operación Cóndor, de la mano de Colombia debe ser denunciada por el gobierno español si de verdad está comprometido con la ayuda a la paz en Colombia. El gobierno de Uribe no puede escudarse en la denominada lucha antiterrorista para secuestrar con comandos clandestinos a colombianos desarmados en países extranjeros, encerrarlos en maleteros de coche y llevarlos como fardos a territorio colombiano insultando la soberanía de los países, la dignidad de las personas y los más básicos principios del derecho internacional.
* Isaura Navarro es diputada por Izquierda Unida en el Parlamento español
Fuente: Rebelión