El planeta Rodia

por Alfredo Molano Bravo

El caso Granda está envuelto aún en sombras, y seguramente así lo mantendrán hasta que algún historiador curioso lo desempolve y aclare.

Por ahora se sabe que el gobierno de Uribe pagó una recompensa para secuestrar al guerrillero en Caracas y entregarlo en Cúcuta, lo que equivale a comprar la ejecución de dos delitos en Venezuela: el soborno de autoridades de Policía y el secuestro de un guerrillero colombiano. Nuestro Ministro de Defensa, acorralado, confesó, con esa personalidad repolluda que lo caracteriza, el pago de una recompensa, y los acólitos del régimen no tardaron en argumentar que el sistema se usa en todo el mundo. Lo dudo: no me imagino al gobierno inglés pagando mercenarios para actuar en EE.UU. Cierto es que hay antecedentes, como el secuestro de Eichman, sacado de Argentina por fuerzas israelíes, o el caso de Jonathan K. Idema, un mercenario gringo que tenía una cárcel privada en Kabul donde torturaba ciudadanos afganos hasta sacar las confesiones que la CIA y el FBI necesitaban. En Chile, Pinochet mandó asesinar al general Prats porque no aceptó desconocer la elección de Allende, y el juez Álvarez tiene contra la pared al criminal anciano por la Operación Cóndor. La especificidad de todos estos casos es su estrecha relación con la extrema derecha.

En Colombia hay denuncias de casos recientes que han pasado escondidas. La captura de Simón Trinidad sigue siendo un misterio, aunque nadie ponga en duda la participación de los gringos directamente o a través de las siniestras empresas privadas de cooperación militar. Nadie ha respondido las denuncias sobre el secuestro y asesinato del dirigente agrario Pedro Jaime Mosquera, vicepresidente de la Asociación Campesina de Arauca, que arbitrariamente detenido 17 veces por la Fuerza Publica, optó por refugiarse en Venezuela, de donde fue sacado y asesinado. Su cadáver mutilado apareció en el mismo Arauca. La sobrina del narcotraficante y paramilitar Chema Balas declaró que su tío fue secuestrado en Maracaibo y después apresado por autoridades colombianas en la frontera. Es decir, es una vieja práctica. De ahí que don Pachito Santos invite a las empresas cazarrecompensas de todo el mundo a que ganen en Colombia. Para él -que es un hombre de inflamada e infantil imaginación-, el país se debe convertir en el planeta Rodia de la serie Guerra de las Galaxias, donde ser cazador de recompensas es un honor y donde el delito castigado legalmente es perder una presa.

Como diría alguien por ahí: me perdonan pero me excusan: ¿Acaso comprar secuestrados para cobrar rescates no es una de las prácticas más repugnantes y criminales de las Farc? El Gobierno podría estar desencadenando fuerzas que no puede controlar. ¿Qué tal que las Farc adopten el mismo sistema que ahora el Gobierno aplaude? Por unos pocos dólares, como el título del famoso spaghetti western de Sergio Leone, Uribe podría estar desatando una guerra entre cazarrecompensas de toda pelambre, peligrosísima no sólo para el país, sino para toda la región.

Es evidente que el Gobierno colombiano no tenía la información requerida para solicitar en extradición a Granda; más aun, es muy dudoso que supiera sus movimientos. Su nombre apareció en la Lista Roja de Interpol cuando el guerrillero ya estaba en la cárcel de Cómbita. Como en el caso de Simón Trinidad, la participación de la CIA se impone. Y es aquí donde el asunto se vuelve espinoso: ¿Busca EE.UU. complicar las relaciones diplomáticas y militares de Colombia con sus vecinos? ¿Estamos ante los primeros resultados de un plan elaborado por los halcones del Pentágono para convertir a Colombia en el Israel de la región andino-amazónica?

Que el Gobierno apele a prácticas inmorales, implica de suyo dos cosas: que se pasa por la faja el Estado de Derecho si de hacer la guerra se trata y que la tan mentada Seguridad Democrática es más un logo electoral que una estrategia eficaz. Tácitamente el Gobierno confiesa su impotencia para llevar a cabo la guerra por medios civilizados y acepta el fracaso de su política de seguridad. No sólo arremete contra el vecino y trata de sentar jurisprudencia sobre estas formas cínicas de intervención, sino que se lleva por los cuernos los principios que en público dice defender.

En el fondo, la justificación de pagar a cazarrecompensas es la misma con que se ha impulsado, tolerado y apuntalado el paramilitarismo: hacer la guerra sucia para que los gobiernos no tengan que responder ante la opinión pública y ante los tribunales nacionales e internacionales. Más aun, los oficios escabrosos que hace el paramilitarismo se pagan, como cualquier recompensa, con dinero contante y sonante, con tierras, con cargos oficiales y con esa escandalosa impunidad que prepara el Gobierno con la llamada ley de alternatividad.

Fuente: Indymedia Colombia