Fortalezas de Colombia

El país se destaca por algo más que sus recursos naturales. Así lo demuestra el libro Las fortalezas de Colombia, que con artículos de importantes intelectuales explica por qué Colombia ha sido capaz de salir a flote a pesar del conflicto, la corrupción y la desigualdad. Lea la presentación.

Por Fernando Cepeda Ulloa

SEMANA.COM reproduce ’Algunas fortalezas que le han permitido a Colombia lidiar con una prolongada crisis’, el texto de Fernando Cepeda Ulloa que corresponde a la presentación del libro.

Los capítulos que integran este libro tratan de mostrar cómo ha sido la evolución histórica de una nación que, como otras, ha luchado denodadamente por establecer instituciones, crear una identidad nacional, introducir procedimientos democráticos, fortalecerlos, consolidarlos para volver a formularlos. Una sociedad que en medio de innumerables adversidades y de precariedades ha buscado crecer económicamente y distribuir ese crecimiento en los diferentes sectores de la sociedad. Ha habido avances, retrocesos, recuperaciones y, cómo negarlo, injusticias e inequidades ancestrales.

El lector encontrará en cada capítulo un reflejo de esta situación. Creo que así se formará una visión más justa, más equilibrada y, sin duda, más interesante de lo que ha sido el devenir de la historia colombiana.

De alguna manera, cada capítulo aporta algo para construir la respuesta, siempre inacabada, a la pregunta: ¿por qué Colombia ha sido capaz de mantenerse como un Estado democrático con un apreciable desarrollo económico y social no obstante el desafío de guerrillas, terroristas, carteles armados que trafican drogas ilícitas, vigilantismo, corrupción y altos niveles de inequidad social y de concentración de la propiedad?

Por supuesto, aquí no se tratan todas las dimensiones del fenómeno, pero cada uno de los autores llama la atención sobre algunos factores que no han recibido toda la consideración que se merecen para lograr un mejor entendimiento de nuestra realidad. La verdad es que Colombia ha tenido la capacidad de mantener una gobernabilidad democrática, no obstante notorias debilidades del Estado, del Gobierno, de la sociedad civil y de la ciudadanía.

Este libro no ha sido elaborado para sugerir que en Colombia se vive una situación normal. Se trata de mostrar que la crítica situación que ha vivido Colombia, especialmente aguda durante el último cuarto de siglo, se ha podido confrontar -con éxitos y fracasos- gracias a unas tradiciones y a unas instituciones que no sólo han sobrevivido al duro desafío sino que, además, en el proceso se han transformado y fortalecido en virtud de un proceso reformista democrático como una de las respuestas a la crisis.

El mejor ejemplo, no obstante la controversia que todavía existe en torno de su impacto y significado, fue la elaboración y puesta en marcha de la Constitución de 1991. Ella fue producto, es cierto, de una profunda crisis pero, también, de un amplio proceso de autocrítica, de voluntad de cambio y de participación popular1.

En su gestación concurrieron el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la sociedad civil en sus más diversas manifestaciones y varios grupos de ex guerrilleros que se reintegraron a la sociedad civil y aprovecharon esta oportunidad para participar en el diseño de nuevas instituciones. Su implementación y desarrollo -que no ha estado desprovisto de retrocesos, fallas e inconsistencias- ha sido un proceso caracterizado por un vigoroso debate y una amplia participación. Aunque producto de un consenso, en 1991, en torno de ella no hay unanimismo. Todavía cuenta con opositores, algunos de ellos implacables.
Diría, recordando una reflexión que llevé al Primer Congreso del Pensamiento Político Latinoamericano (junio 29-julio 2, 1983) que la Constitución de 1991 respondió al que entonces denominaba el desafío para el futuro. Allí se diseñó una institucionalidad que concilia eficacia y responsabilidad política, participación e institucionalización. O sea, un esquema político diferente porque incorpora nuevas tendencias políticas, establece nuevas reglas de juego para una participación ampliada. Buscó abrir el proceso político a un juego más conflictivo pero sin violencia. Intentó una receta que permitiera superar el conflicto armado sin eliminar una vida política pluralista, al tiempo que la fortalecía. En pocas palabras, maximizó el consenso al tiempo que propiciaba un conflicto político civilizado y pluralista. Apostó a la inclusión política, económica y social.

Ello explica que, aún hoy, sean las nuevas fuerzas políticas como el Polo Democrático Independiente las que defienden la Constitución de 1991 y las que denuncian intentos por deformarla. Otros sectores abominan de ella. Personalmente, pienso que el precario desarrollo legislativo que recibió en los años posteriores ha dificultado la cabal implementación de la Constitución de 1991. Algunos ajustes eran indispensables. La Corte Constitucional ha sido la guardiana de su espíritu y de su vigencia.

La tradición civilista

¿Tradición civilista en Colombia? ¿Acaso en el primer siglo de vida independiente no hubo nueve guerras generales y 54 revoluciones locales? El distinguido historiador de la Universidad de Oxford Malcolm Deas responde a estos interrogantes en un trabajo que en apretada síntesis hace el recorrido desde la Colonia hasta nuestros días. Para él, una de las claves de la singularidad colombiana es la ausencia de guerras con los vecinos o de intervenciones imperialistas. Para el historiador Malcolm Deas, esta circunstancia contribuye a la persistente conflictividad interna y a la debilidad histórica de la Fuerza Pública. Sin vacilaciones afirma: «El país sí ha tenido tradición civilista. Es una fortaleza y debe formar capítulo de cualquier libro...». Pero aquí viene, entonces, el gran caveat, hay que mirar cómo, cuándo y dónde esa tradición civilista ha fallado y se ha mostrado incompleta, advierte Deas. El predominio de civiles -afirma- no necesariamente implica tolerancia. Y ahí está el problema que ha atormentado a Colombia. Luego de recorrer casi dos siglos de historia, Malcolm recuerda que «un civilista verdadero sabe que tiene que poner límites a sus odios y a sus ambiciones en aras de la preservación de la civilidad». Ello no siempre fue así. Y a esto se añadió otra deficiencia de los civiles: «Y eso es su miopía frente a las estructuras de las fuerzas de orden que el país ha necesitado». Para Deas, ha habido unos civiles más civilistas que otros dentro de una cultura política donde el elemento militar era política y socialmente subordinado. La revelación que nos hace Deas es la siguiente: «La tolerancia es tal vez una virtud menos común entre políticos civiles que entre militares». «El aspecto más peligroso del sistema colombiano fue la politización sectaria del pueblo que alcanzó una profundidad y una cobertura que me parece sin rival en la América Latina». El problema no fue el militarismo, fue el sectarismo, es forzoso concluir.

La tradición electoral

Desde la Independencia ha existido un intenso y prolongado calendario electoral que debería ser un indicativo suficiente de la centralidad que ha ocupado el sufragio en la formación del poder en Colombia. Esa es la afirmación contundente del historiador Eduardo Posada Carbó. Se trata -son sus palabras- de una tradición «longeva y persistente». El sistema ha sido competitivo desde los orígenes mismos de la República y ello se manifestó en el establecimiento de diversas organizaciones políticas para luchar por el poder. El recuento histórico no deja dudas al respecto. La transferencia pacífica del poder es parte de la notable historia democrática colombiana. El sufragio masculino fue adoptado tempranamente en 1853. Las normas electorales tienen un carácter incluyente. Pero, claro está, esta historia de inclusión tiene altibajos, es un «curso accidentado». En 1936 se eliminaron todas las restricciones para el sufragio masculino. En 1957 se introdujo el femenino aunque ya en 1853 se había adoptado fugazmente en la provincia de Vélez. El bipartidismo ha sido desafiado por terceros partidos y allí hay un repertorio de triunfos y fracasos. Para Posada Carbó, existe una cultura de litigio electoral.

La tradición de libertad de expresión

El historiador Jorge Orlando Melo afirma que ya desde la primera Constitución, la de Cundinamarca en 1811, se reconoció la libertad de imprenta como uno de los derechos ciudadanos aunque con algunas restricciones referidas al dogma y a cuestiones obscenas. En la historia colombiana, concluye Melo, los esfuerzos de los diversos gobiernos por reducir la crítica o someter a los periódicos han fracasado consistentemente. Al mismo tiempo, muestra cómo en los años recientes los esfuerzos mayores y más dramáticos para restringir la libertad de los medios provienen de grupos sociales y no del Gobierno y recuerda cómo la verdadera tragedia del periodismo colombiano se ha producido por la violencia directa ejercida contra los periodistas por parte de organismos sociales no estatales: los carteles de la droga, las guerrillas, los paramilitares y otras formas de delincuencia. El autor de este capítulo describe cómo ha sido este tema con referencia a los medios modernos como la radiodifusión y la televisión para señalar algunas diferencias. Y recuerda que hubo un período -por fortuna breve, ocho años- de persecución y censura a la libertad de expresión. Pero, en términos generales, en materia de libertad de expresión encuentra que la situación no ha sido muy diferente a la que ha tenido lugar en las democracias europeas.

La tradición partidista

Los partidos colombianos no se han caracterizado por ser los más disciplinados de la región. Son producto de uno de los sistemas más personalistas del mundo. La existencia de competencia interpartidaria e intrapartidaria no ha generado ineficiencia en la producción legislativa. El Congreso ha sido importante para el mantenimiento de las instituciones democráticas y es uno de los más institucionalizados de la región y junto con los partidos en el nivel nacional representan una de las fortalezas institucionales más importantes: la civilidad y la tradición de instituciones democráticas. Éstas son las conclusiones de Mónica Pachón al examinar en forma comparada los partidos políticos y el Congreso colombiano.

La séptima papeleta

La sociedad civil colombiana ha desempeñado un papel determinante en momentos claves de nuestra historia. Un caso paradigmático es el que relata Fernando Carrillo. La crisis de orden público que vivió Colombia a raíz del narcoterrorismo encontró una salida política -quién lo creyera- por la vía de la participación popular estimulada por un movimiento estudiantil ad hoc en un país donde las federaciones de estudiantes habían dejado de tener vigencia. El trabajo de Carrillo muestra cómo se pudieron superar formidables obstáculos, inclusive de orden legal, para finalmente encontrarle una respuesta legal a la crisis. Enmarca este proceso político en los fenómenos de movilización popular que derrumbaron el bloque soviético 1989-1991. En Colombia este movimiento estudiantil, imaginativo, movido por un espíritu generacional de cambio, tumbó el muro que el Artículo 13 del Plebiscito de 1957 había erigido cuando prohibió para siempre la realización de un referéndum en Colombia. El propio presidente Barco -no obstante el apoyo de más de 90% de la opinión a su iniciativa- no pudo derribarlo. Con todo, su intentona inicial sirvió como un importante antecedente de este movimiento generacional que buscaba promover nuevas instituciones políticas.

En esta crónica tenemos un excelente ejemplo de cómo una apropiada combinación del imperio del derecho y del manejo de las realidades políticas encontró el camino para una profunda transformación. Se trata de un proceso que todavía está por refinarse y consolidarse y que no está desprovisto de desafíos. Las críticas de Carrillo al «ancien régime» no son menos duras que las que hace al período pos 1991, incluyendo el contexto internacional inspirado por el Consenso de Washington, tan ajeno a una noción de desarrollo político, institucional y social.

La tradición jurídica

Si alguna institución revela lo que ha sido el apego histórico de los colombianos por el imperio de la ley -no obstante precariedades y comportamientos que en ocasiones pueden sugerir lo contrario- es la de la «revisión judicial» llamada entre nosotros control de constitucionalidad. Ello queda bien claro en el erudito trabajo del magistrado Manuel José Cepeda que presenta 100 años de la práctica y desarrollo de esta garantía de juridicidad en Colombia.

El lector encontrará datos sorprendentes sobre la evolución histórica de esta institución. Aquí tan sólo quiero recoger sus principales conclusiones con respecto al papel de la Corte Constitucional en la tarea de asegurar la supremacía de la Constitución de 1991:
– La Corte ha ejercido una influencia sustancial en el fortalecimiento del Estado de Derecho y en la transformación del ordenamiento jurídico como un todo.
– La Corte ha generado un impacto visible en el campo político. Ha contribuido a la conversión de conflictos sociales en problemas constitucionales y, en esa medida, a la resolución pacífica de conflictos dentro de la sociedad.
– Los debates constitucionales contemporáneos más salientes han sido afrontados por la Corte, en particular en cuatro áreas:
– El multiculturalismo y el derecho a la diferencia colectiva;
– La exigibilidad de los derechos sociales;
– La protección de la parte más débil en la aplicación de los derechos fundamentales, en las relaciones entre particulares; y,
– La afirmación de los derechos fundamentales.

El magistrado Cepeda concluye afirmando que Colombia ha gozado de una tradición de defensa judicial de la supremacía de la Constitución no sólo centenaria sino ininterrumpida. No desconoce que ha habido períodos durante los cuales ese poder se ejerció tímidamente. Tampoco esconde que hubo sentencias que buscaron más la legitimación del poder que el control o la limitación del mismo. Pero lo esencial, afirma, es que durante un siglo el control constitucional se ha ejercido con independencia, mayor o menor según la época. Y que el siglo XX muestra un proceso de ascendencia del constitucionalismo y que el control constitucional que originalmente estaba orientado a superar el conflicto entre órganos del poder ha llegado a convertirse en una garantía de la efectividad de los derechos constitucionales. Así, dice el magistrado Cepeda, se contribuye al mantenimiento de la democracia y a la resolución pacífica de conflictos.

Defensa del Derecho Internacional

La política exterior colombiana, también, está permeada por una larga tradición jurídica. Por eso «se basa en la defensa del derecho internacional», afirma Rodrigo Pardo. Y, como lo muestra a lo largo de su trabajo, «otro gran hilo de la política internacional es el de buscar que sus relaciones con el resto del mundo contribuyan al fortalecimiento del sistema democrático». El Estado débil colombiano ha querido reforzarse pero no por la vía de incrementar su Fuerza Pública. Ha buscado alianzas internacionales que le ayuden a confrontar a los que han sido sus grandes enemigos. Eso es lo que con lucidez revela el estudio de Pardo: combatir el comunismo en los años sesenta y setenta; el problema de las drogas en los ochenta y noventa; el terrorismo en el siglo XXI. Colombia ha mantenido una preferencia por la solución de conflictos de manera pacífica de acuerdo con el derecho internacional es otra de sus conclusiones. La supervivencia de la extradición frente a poderosos enemigos, mafiosos y criminales -es el planteamiento de Rodrigo Pardo- indica hasta dónde Colombia, en medio de sus sobresaltos y desafíos, ha mantenido su apego al derecho y el respeto a los compromisos internacionales.

Con estos antecedentes nadie puede sorprenderse de la otra conclusión de Rodrigo Pardo: «Estados Unidos ha sido la columna vertebral de la política exterior colombiana». Es que las tres grandes amenazas históricas contra la democracia colombiana -el comunismo, el problema de las drogas y el terrorismo- han sido ejes importantes cuando no fundamentales de la política exterior de los Estados Unidos.

Medio ambiente

Diversos estudios identifican la capacidad del Estado colombiano para proteger el medio ambiente como una de las más fuertes de América Latina y el Caribe, así lo declara rotundamente el reconocido experto Manuel Rodríguez Becerra. Según él, en la década de los años noventa, Colombia fortaleció sus instituciones y sus políticas ambientales. Apenas entendible en un país que ocupa el puesto 36 entre 122 países representativos por su importancia económica y ecológica. Colombia ocupa el segundo lugar entre los 12 países con mayor diversidad biológica después de Brasil y posee una enorme riqueza hídrica y una no menos importante en biodiversidad y en bosques. El 46% del país está cubierto de bosques.

Rodríguez Becerra advierte que, no obstante las fortalezas señaladas, ellas se desenvuelven en un escenario caracterizado por un incremento de la degradación y la destrucción ambiental, fenómeno este último que comparte con todos los países del globo. Los avances registrados, concluye Rodríguez, no han sido todavía suficientes para revertir tendencias inerciales de destrucción del capital natural determinadas en gran medida por el crecimiento poblacional y los estilos de desarrollo prevalecientes. Además, añade, el conflicto armado impone limitaciones y retos singulares a la protección ambiental.

Desarrollo económico, social y el empresariado

Durante los años ochenta, en materia de desarrollo económico, el caso colombiano fue único en América Latina. Ese período denominado «la década perdida» fue en Colombia uno en el cual se registró la más alta tasa de crecimiento en comparación con los demás países latinoamericanos. Indicadores tan positivos como éste, son los que trae Carlos Caballero. Y que se pueden resumir en esta afirmación suya: «La economía colombiana creció de manera sostenida, a un ritmo promedio de 4,5% anual, entre los años treinta y finales del siglo XX».

Colombia comparte con Brasil y Argentina la designación como uno de los países que cuentan con un mayor número de profesionales competentes, principalmente en los niveles corporativos más altos, afirma Caballero. A tal punto, añade, que el país se ha convertido en un exportador de capital humano calificado. La cobertura en salud pasó de 23% de la población a 55% en el 2002, en virtud de la Ley 100 de 1993. Con todo, Caballero señala que hay deficiencias en el control y vigilancia y hay limitaciones para la sostenibilidad financiera del sistema. La acelerada urbanización (39% de población urbana en 1951, 72% en el 2002) ha generado una fuerte presión sobre la demanda de vivienda y se estima un déficit de dos millones de unidades. Los hogares urbanos no propietarios de vivienda ascienden a 3.228.751. El programa de Vivienda de Interés Social de la administración Uribe está buscando atender la demanda de vivienda de este sector, con no pocas dificultades.

La tendencia a la reducción de la pobreza, explica Caballero, señala un mejoramiento sostenido en el largo plazo, con un retroceso fuerte a raíz de la crisis económica de finales de los años noventa. Entre 1980 y la primera mitad de los años noventa -recuerda Caballero- el progreso fue notorio, pero los indicadores muestran que en 1999, debido a la contracción de la economía y al incremento del desempleo, habían regresado a los niveles de 1988. Nuevas investigaciones le permiten a Caballero verificar una evolución esperanzadora. Por ejemplo, el porcentaje de hogares en pobreza y en miseria se redujo entre 1973 y 2003, tanto en las áreas urbanas como en las rurales. El índice de calidad de vida entre 1993 y 2003 mejoró en todo el país.

Para Caballero, «una economía que tuvo en el pasado la capacidad para crecer y generar progreso social dentro de la estabilidad posee la fortaleza para enfrentar los desafíos de los próximos años». Con mayor razón, comenta, si se superan las diversas manifestaciones de violencia y Colombia se inserta, apropiadamente, en el contexto internacional.

Conviene complementar este diagnóstico con la presentación de dos casos de organización empresarial. El primero de ellos lo describe el propio gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Gabriel Silva. Allí muestra cómo el sector cafetero fue un motor de crecimiento y desarrollo económico, social, político e institucional. Además, de integrador de regiones.

Es bien conocido que el café fue el producto principal de exportación colombiana. En 1925 representó cerca de 75% de las exportaciones totales. En la década de los ochenta todavía era superior a 40%. Hoy se ubica cerca de 7%. Un resultado del proceso de diversificación. Lo que es importante resaltar es la capacidad que tuvo el sector cafetero para generar una institucionalidad que, como lo dice el título del trabajo de Gabriel Silva, es un modelo de equidad y de estabilidad para el sector rural colombiano. «En la institucionalidad cafetera radica una de las mayores fortalezas del país [...] la Federación de Cafeteros es una organización que ha sido capaz de aprovechar su naturaleza privada, democrática y participativa para asociarse eficazmente con el Estado, para generar niveles de bienestar colectivo que no hubiesen sido posibles [...]», concluye Silva. Es que el café es el producto que mayor impacto distributivo ha tenido en las zonas rurales en virtud de una economía basada en pequeños y medianos productores, con niveles de interacción cívica, participación política y calidad de vida superiores al resto del agro colombiano y al de otras economías cafeteras comparables, afirma sin vacilaciones Silva. El modelo de organización institucional, política y social de los cafeteros merece mayor atención, inclusive de los propios colombianos, porque allí puede estar el paradigma que puede inspirar muchos proyectos productivos de envergadura que ayuden en la etapa del posconflicto que ya comenzó en Colombia.

El segundo modelo se refiere a una organización más reciente que es la de la explotación de la palma africana. El empresario Rubén Darío Lizarralde, la describe en un texto en el cual se muestra cómo campesinos, Estado, empresarios y banqueros pueden hacer alianzas efectivas que, al tiempo que generan convivencia y paz, redundan en productividad y competitividad. Esta es la notoria y original experiencia de Indupalma, un proyecto realizado en una zona de conflicto y que tiene como aspecto innovador no tanto distribuir la poca riqueza que existe cuanto generar nueva riqueza y compartirla equitativamente. Esta alianza de paz y desarrollo equivale a una reforma agraria realizada desde el sector privado que ha generado 300 nuevos propietarios de tierra y de cultivos de palma de aceite y 900 nuevos trabajadores. Todos ellos con un carácter empresarial. Así se ha creado capital social, se ha construido un escenario productivo sostenible en una zona donde el clima de violencia no propiciaba la integración de las comunidades.

Este modelo es replicable en otras zonas de Colombia y para otros cultivos. Surge así una oportunidad de generar proyectos productivos que ofrezcan una salida atractiva en el posconflicto que ya está viviendo Colombia. Es una oportunidad tanto para los inversionistas colombianos como para los extranjeros. Y también para la cooperación internacional. Es que en Colombia el 70% de la tierra apta para ser cultivada no está en producción. Y como lo dice, muy bien, Rubén Darío Lizarralde, se pueden crear ejes de desarrollo económico sostenible en el sector rural con economía de escala y una producción competitiva promoviendo cultivos como la palma, el cacao, el caucho, el café, los maderables, el banano y otras frutas. Los modelos de gestión y de equidad están a la vista y han sido probados. Y con éxito.

Promoción de la mujer

Cada día se reconocen más los innegables avances que ha obtenido Colombia en la promoción de la mujer. Son particularmente relevantes los trabajos realizados por The Women’s Leaderships Conference of the Americas, en especial los referentes a su incorporación al ejercicio del poder político y en la administración pública.

El capítulo escrito por María Consuelo Cárdenas se concentra, principalmente, en el papel que están desempeñando las mujeres en el sector empresarial colombiano y la forma tan particular como están armonizando ese trabajo con otras esferas de su actividad vital. Para ella, ese comportamiento cabe dentro de la concepción que el filósofo francés Gilles Lipovetsky denomina «la tercera mujer». Colombia -afirma- es el país con la mayor proporción de mujeres ejecutivas de toda Latinoamérica. Ellas ocupan estas posiciones por su preparación profesional y su excelente desempeño, añade. Colombia es claramente, lo dice sin ambages, un país ejemplar en este campo. La particularidad que Consuelo Cárdenas resalta en su trabajo es el rechazo a una ética del trabajo alienante que pierde de vista otros valores de la persona y de la familia. Nuestras ejecutivas, dice, están cuestionando con sus prácticas en su vida cotidiana esta «ética del trabajo». Varias están incluso dispuestas a «renunciar y salirse de su trabajo», si ésta es la única forma de proteger su propia vida y sus relaciones familiares. Así cuestiona la importancia absoluta del trabajo, su horario y sus exigencias. Para ella, una de las fortalezas de nuestro país es el equilibrio que las colombianas han ido estableciendo entre el estilo de liderazgo y el balance hogar-trabajo.

El papel que han desempeñado empresarias y empresarios en la construcción de una sociedad más equitativa en Colombia quedaría incompleto si no se hace una referencia a su actividad filantrópica. Infortunadamente, los empresarios parecen haber tomado muy en serio el mandato evangélico que dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, en materia de generosidad. Así, pues, no existe un adecuado registro del número de fundaciones, de sus recursos y una historia apropiada. Beatriz Castro ha trabajado el tema y no obstante las escasas investigaciones presentan una evaluación de esta actividad que se remonta al período colonial hasta llegar al momento presente.

Colombia tiene más de 5.400 ONG cuyo financiamiento es así: 39,5% proviene de fondos propios; 23,3% de auxilios gubernamentales y 24% de donaciones. Colombia se distingue porque la mayor proporción de los ingresos de las ONG proceden de corporaciones y fundaciones empresariales. Mientras en América Latina esa contribución es de 10,4%, en Colombia es de14,9%. Éstos son algunos de los datos que aporta el capítulo de Beatriz Castro. Ella sostiene que, en los últimos años, en la medida en que el conflicto colombiano se ha recrudecido, la presencia de organizaciones filantrópicas se ha incrementado, sobre todo, las de carácter humanitario. A esta actividad se añaden ahora gestos de generosidad tan notables como el del pintor Fernando Botero, quien ha hecho varias donaciones, tanto al Museo de Antioquia como al Museo Nacional y al del Banco de la República. Con todo, este es un tema que el empresariado está en mora de relevar porque tanta discreción no ayuda, particularmente cuando se leen análisis que no siempre hacen justicia a este sector.

Diversidad cultural y surgimiento de una nueva cultura de accountability

El historiador Gustavo Bell se refiere a otra notoria paradoja colombiana: la persistencia y la riqueza de diversas manifestaciones culturales que van desde la música folclórica pasando por el teatro y la lectura, hasta extraordinarios eventos masivos que expresan la sensibilidad poética de los colombianos, no obstante la dureza de la realidad que imponen tantas expresiones de violencia.

Los colombianos -así lo considera- jamás han desmayado en su empeño por construir un país más amable y culto, como lo atestigua la intensa y variada agenda cultural que se desarrolla igual en la capital que en las regiones. Unas muestras desordenadas de esta actividad, tomadas al desgaire, corroboran su afirmación: los festivales de teatro de Manizales y de Bogotá se han convertido en una fiesta de la cultura; la novena versión del de Manizales con grupos teatrales de cinco continentes contó con una asistencia de más de dos millones y medio de espectadores. En el Festival Internacional de Poesía han participado poetas de más de 70 países de todos los continentes. La próxima versión de este festival en Bogotá contará con 72 poetas de 52 países. En materia de lectura, los datos son impresionantes: en el año 2000 alrededor de cinco millones de personas visitaron las distintas salas de las bibliotecas públicas. Esta cifra se duplicó para el 2003. La Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá es la biblioteca pública más visitada del mundo y tiene la página de Internet más variada y amplia de habla hispana.

En materia musical, el vallenato ha ido adquiriendo un carácter nacional con repercusiones internacionales. García Márquez, el Nobel colombiano de literatura -así lo recuerda Bell-, afirma que su célebre novela Cien años de soledad era un vallenato escrito y que ese género había sido la principal fuente de inspiración de su prosa. Los músicos colombianos Carlos Vives, Shakira, Juanes y otros más han obtenido reconocimientos internacionales que igual se materializan en premios apreciados mundialmente que en la venta de millones de copias de sus producciones. Lo propio se puede decir del baile y otros géneros que ya desbordan las fronteras nacionales.

Bell encuentra, también, que el punto de partida de toda política estatal de apoyo a la cultura ha sido la diversidad de sus manifestaciones en las regiones. Y la refiere a uno de los principios fundamentales de la nueva Constitución de 1991: el reconocimiento y la protección a la diversidad étnica de la nación colombiana. Aunque ya esa diversidad era un hecho consolidado. Bell concluye diciendo que Colombia apenas se está descubriendo a sí misma en su rica diversidad cultural, perturbada por un contexto de violencia. Por adverso que parezca ese entorno, las manifestaciones culturales gozan, según Bell, de un saludable vigor.

Las tradiciones anteriores y otras que no se han considerado contribuyen a explicar el surgimiento de una cultura política moderna de ciudadanía expandida, de mayor espíritu cívico y de exigencia de rendición de cuentas a las autoridades y de búsqueda de solución pacífica de conflictos. Es la tesis que presenta David Spencer. Para él, los cambios culturales deben acompañar los cambios estructurales si es que se pretende que el sistema sea funcional. Colombia, afirma Spencer, es en Latinoamérica el lugar donde está surgiendo el ejemplo más extraordinario de una nueva cultura política que puede contribuir al mejor funcionamiento de su estructura democrática de tan larga tradición.
Spencer describe el surgimiento de este fenómeno y lo compara con lo que ocurre en otros países y regiones. Él enmarca esta situación en las posibilidades que abrió la Constitución de 1991. Para él, los ex combatientes del M-19, al desempeñarse como gobernantes municipales, han hecho una valiosa contribución porque implementaron la visión que ellos mismos habían ayudado a introducir en la nueva Constitución. Los más exitosos, dice, fueron Antonio Navarro Wolff, como alcalde de Pasto, y Rosemberg Pabón, como alcalde de Yumbo, en las cercanías de Cali. Ambos fueron alcaldes que rindieron cuentas ante la ciudadanía, que empoderaron a los ciudadanos y que hicieron contribuciones significativas para el mejoramiento de sus comunidades. Luego, políticos independientes como Antanas Mockus, hijo de inmigrantes lituanos y ex rector de la Universidad Nacional de Colombia, quien hizo de la integridad, la honestidad y la austeridad, así como de la construcción de ciudadanía, una preocupación genuina de todos los ciudadanos. Para Spencer, Enrique Peñalosa, otro exitoso alcalde de Bogotá, y Álvaro Uribe son continuadores de esos esfuerzos que están creando esta nueva cultura política. Es un logro admirable, inédito, en un país que vive las circunstancias de violencia que han afligido a Colombia durante los últimos lustros.

Los conceptos teóricos y los mecanismos que se han utilizado para propiciar la construcción de una nueva ciudadanía, en el caso de Bogotá, los presenta John Sudarsky, quien ha sido un pionero entre nosotros de los trabajos académicos que tienen que ver con el desarrollo del capital social. Él trae los ejemplos concretos: la campaña de conservación de agua; el respeto a la ley y su aplicación universal; el respeto a la vida; la comunicación apreciativa, o sea, la que reconoce los avances logrados y no tanto las deficiencias. Frases claves sirvieron, dice Sudarsky, para codificar colectivamente estos temas: «Construir sobre lo construido», «No pedir en privado lo que no puedas pedir en público», etc. Estas batallas a favor de una nueva ciudadanía exigen, así Sudarsky finaliza su texto, más comunicación apreciativa y menos fracasomanía.

La transformación de Bogotá

En 1940 tres profesores estadounidenses de geografía calificaron a Bogotá como la capital más inaccesible del nuevo mundo. El periódico francés Le Monde editó (1980) un libro que contenía perfiles de una docena de ciudades. El capítulo sobre la capital colombiana se titulaba «Bogotá: la peur» (el miedo). Por esa misma época, una arquitecta francesa publicó una breve novela seguida de un ensayo con el siguiente título: Bogotá: Joungle (jungla). Describió un mundo sórdido de gamines, víctimas de las drogas. Julio Dávila recuerda estos diagnósticos y, luego, los compara con los que dos décadas más tarde publicó el corresponsal de The Nueva York Times para decir que Bogotá nunca había estado mejor. The Washington Post, un año después, calificaría a Bogotá como «una agradable anomalía -en un continente- cuyas ciudades capitales con frecuencia son historias de horror». Todo ello le sirve a Dávila como telón de fondo para explicar la transformación de Bogotá.

Julio Dávila se pregunta: ¿qué sucedió en la capital colombiana para que se diera un vuelco tan radical en la percepción de sus ciudadanos y de visitantes ocasionales? ¿Qué dio origen -se pregunta este profesor de la Universidad de Londres- a los cambios que le han merecido a Bogotá recientemente premios internacionales que generan comentarios tan favorables por parte de expertos? Su trabajo busca ir más allá de las evaluaciones coyunturales. Sin desconocer el papel que han cumplido sucesivas administraciones distritales, él muestra que esta transformación se apoya en una serie de profundos cambios sociales y materiales que venían sucediéndose desde décadas anteriores. Señala, también, que hubo bases institucionales, nacionales, pero principalmente locales, que estos gobernantes municipales supieron aprovechar en forma innovadora con el apoyo fundamental de la ciudadanía. Es una perspectiva que enriquece los planteamientos de Spencer y de Sudarsky y que le hace justicia a otras dimensiones del proceso.

Respuesta a algunas amenazas a la gobernabilidad democrática

Ricardo Santamaría describe las características de las manifestaciones de violencia que ha sufrido Colombia y muestra cómo, durante siete administraciones (desde 1981), el Gobierno y la sociedad mantienen abierta una opción de reconciliación que ha estado caracterizada por la generosidad. Explica cómo durante las administraciones Barco y Gaviria se reintegraron a la vida civil y a la lucha política varios grupos insurgentes (M-19, Quintín Lame, EPL, etc.) y las dificultades que han bloqueado salidas políticas negociadas con las FARC, el ELN y las autodefensas. Señala cómo el negocio de las drogas ilícitas catapultó el poder de los grupos armados ilegales, al tiempo que exacerbó otros problemas. Luego, describe los más recientes procesos de paz e indica qué es lo que podría ocurrir hacia adelante. «Lo que hoy sabemos los colombianos -dice Santamaría- es que nunca, por muy grande que sea el desafío, el terrorismo será capaz de doblegar a la sociedad y sus instituciones» (...) «y también sabemos que los procesos de paz en Colombia han sido la mejor pedagogía para la democracia. Han afianzado la tolerancia y ampliado el espacio político. Los que han participado en ellos han demostrado que la fuerza de sus ideas es superior a la de sus armas. Así, lo que ha hecho la sociedad colombiana es profundizar la democracia para construir la paz y al construir esa paz ha encontrado el camino para continuar perfeccionando su democracia».

El analista español Román D. Ortiz, quien ha vivido en Colombia durante 2003-2004 hace una cuidadosa reflexión personal en torno de los factores que convirtieron a Colombia, en la década de los años noventa, en un «país problema». Y al hacerlo así extiende su análisis comparativo a los demás países de América Latina, pero en particular a la región andina. Para el profesor Ortiz, los problemas de seguridad interior en Colombia están asociados a procesos de modernización avanzados pero inconclusos.

La década de los noventa -dice Ortiz- es el período durante el cual se alcanza «el máximo grado de crisis» y luego viene el proceso de recuperación. Román Ortiz explica en detalle cómo ocurrió el fortalecimiento de los grupos armados ilegales. En esencia, un proceso de internacionalización de su financiamiento, del tipo de armamento que obtuvo y de la asesoría que recibió de redes ilegales internacionales, etc. Así mismo, examina cómo la violencia adquirió mayor visibilidad, como esta circunstancia afectó la vida interna y las relaciones exteriores. El proceso de modernización que se realizó en materia constitucional, institucional, comercial y financiera generó una transición, según él, que contribuyó a aumentar la percepción de inestabilidad. «La consolidación del nuevo arreglo constitucional y el paulatino cierre del proceso de descentralización administrativa devolvieron la estabilidad al aparato estatal e hicieron posible un funcionamiento eficaz y más ordenado de la burocracia». Estas circunstancias sumadas al fortalecimiento de las herramientas de seguridad, se combinaron para generar un círculo virtuoso que se tradujo en mejoras del orden público y de la vida cotidiana de los ciudadanos.

Finalmente, esa es la conclusión. La administración Uribe «obtuvo rápidamente resultados» a tal punto que «Colombia podría llegar a convertirse en un pilar estratégico» para el resto de la región. Ello no está garantizado y su materialización dependerá de otros factores.

Parte del perfeccionamiento de la democracia es, también, la lucha contra la corrupción, el restablecimiento de la credibilidad y la confianza en las instituciones. A manera de ejemplo se incluye un capítulo escrito por el editor de este libro sobre una de las estrategias exitosas en Colombia en la lucha anticorrupción. Como se sabe, son pocos los ejemplos que describen estrategias eficaces en esta materia. El caso famoso de la Comisión Anticorrupción de Hong Kong es útil pero no es replicable. Colombia ofrece varias herramientas exitosas en la lucha anticorrupción que, claro está, son puntuales y por sí solas no logran controlar este flagelo. El autor identificó un repertorio de herramientas más o menos exitosas, a petición del entonces representante del BID en Colombia, Carlos Binetti. La que se presenta aquí es una de ellas. Se incluye un resumen de un trabajo mucho más amplio elaborado a comienzos de 2004 y que lleva el título «La pérdida de la investidura de los congresistas en Colombia. El conflicto de intereses como instrumento de lucha contra la corrupción».

La pérdida de investidura se introdujo en la Constitución de 1991 y se aplica a los miembros del Congreso, a los miembros de las asambleas departamentales y a los de los concejos municipales. Es una sanción que equivale a la «muerte política» y se aplica por parte del Consejo de Estado en un breve proceso a quienes violan el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, el de conflicto de intereses o comportamientos que implican un tráfico de influencias o un comportamiento indebido. El capítulo recoge las características principales de esta institución en virtud de la cual 15 senadores y 27 representantes han perdido su investidura. Cuatro ciudadanos han puesto en marcha el mecanismo en 72% de los casos. Un excelente ejemplo, además, del poder ciudadano en la lucha anticorrupción.

El más connotado latinoamericanista hasta la década de los sesenta, Frank Tannenbaum, quien nació en Brod, una pequeña comunidad en Austria, escribió en 1964 un documento que estaba dirigido a la Conferencia Europa-América Latina, que tuvo lugar en Bellagio, Italia. Se titulaba «Latinoamérica como un campo de estudio para el científico social». Allí, el profesor Tannenbaum, quien enseñó historia latinoamericana en la Universidad de Columbia durante 34 años (1935-1969), trata de transmitir su experiencia para que los nuevos latinoamericanos no pasen por alto algunos aspectos fundamentales para el entendimiento de esta parte del mundo.
Para el profesor Tannenbaum, el nombre de Latinoamérica es engañoso porque de alguna manera implica una noción de uniformidad y similaridad. La realidad, dice, es bien diferente.

Los contrastes entre Argentina y Perú son mayores que aquellos que existen entre Italia y Alemania o los que hay entre dos países europeos cualesquiera. Chile es notablemente diferente del Perú pero Colombia también lo es con respecto a ellos; Venezuela es diferente de cualquier país, bien sea de la costa este u oeste. Esto es igualmente verdadero para el Ecuador y Bolivia. Brasil, con sus grandes y agudas diferencias regionales, es por si sólo un universo. Y estas peculiaridades en el estilo nacional son ciertas para Uruguay y Paraguay. A pesar de muchas similaridades en la experiencia histórica, no existen dos países en Suramérica que sean suficientemente parecidos como para que alguien asuma que habiendo conocido uno puede hablar con confianza acerca de su vecino.

Y añade que «estos contrastes también son ciertos para un área relativamente pequeña como Centroamérica. Guatemala y Costa Rica son tan diferentes entre ellos como Polonia y España; y Salvador, Honduras y Nicaragua son diferentes cada uno de ellos. Y ningún país se parece a México»3.

Si esto es verdad con respecto a los países, no es menos cierto en relación con las diferencias internas en cada país. Es lo que resalta Gustavo Bell en su texto cuando recoge los testimonios de dos viajeros, uno sueco y otro británico. El primero, Carl Gosselman, afirma: «[...] porque no creo que exista un lugar más diferente entre sus provincias cordilleranas y las costeñas en toda esta zona». El británico Christopher Isherwood, por su lado, dejó este testimonio sobre el contraste que encontró entre la costa y la sabana de Bogotá: «Si uno se quedara aquí por un buen tiempo [se refiere a la sabana de Bogotá] probablemente la costa tropical de Colombia empezaría a parecer tan remota como el Polo Norte». Bell anota, con razón, que ese territorio colombiano, caracterizado por regiones tan diferentes, «constituyó desde siempre un formidable obstáculo para articular un sentido de nación entre su pueblo y, más complicado aún, para construir un Estado moderno».

Todo esto para señalar la complejidad de la región y de cada país y reconocer la dificultad que tanto los nativos como los extranjeros tienen para captar toda la diversidad, los contrastes, las contradicciones, las inconsistencias y paradojas que caracterizan la realidad de estos países. Es posible que cada uno de ellos se reclame como un caso único. Y ello no es menos cierto en el caso de Colombia.

Entender en profundidad un país no es fácil, ya se dijo. Ni siquiera para los nacionales. Qué decir para los extranjeros. Tocqueville es admirado por la manera como logró interpretar a los Estados Unidos y transmitir ese conocimiento a sus contemporáneos y a la posteridad. Desde entonces (la primera edición en francés se hizo en 1835) Tocqueville ha sido un «maestro y guía», como lo dijo J. P. Mayer, su editor y comentarista.

Ya los viajeros, sueco y británico, advirtieron sobre la complejidad no sólo de la geografía sino de la cultura y las maneras de ser de los colombianos. No se dice, pues, nada nuevo cuando se llama la atención sobre las visiones sesgadas o incompletas o injustas o carentes de perspectiva histórica de quienes emiten juicios o hacen apreciaciones sobre determinados aspectos de la vida colombiana o de la de cualquier país.

Conclusión

El editor de este compendio de estudios no se propuso nada diferente a proporcionar un contexto más amplio para propiciar una visión más equilibrada del pasado y del presente de Colombia, con todas sus falencias, contradicciones, vicios, pero también aciertos, y, por sobre todo, una persistente voluntad por superar adversidades sin cuento, siempre con una confianza en los valores de la democracia.

Lo que en la perspectiva del editor resaltan estos textos es la capacidad de los colombianos en todos los niveles por lidiar con situaciones muy difíciles, su férrea voluntad de salir adelante, todo ello con un alto sentido, aunque parezca mentira, del «goce de vivir». Porque lo que es evidente es que la alegría nunca nos ha abandonado.

Desde cuando lo pronunció en Estocolmo, en 1982, con ocasión de la entrega del Premio Nobel de Literatura, tengo siempre presentes las lúcidas reflexiones de Gabriel García Márquez cuando habló de «la soledad de América Latina». Igual habría podido referirse a la soledad de Colombia:

Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal, y no sólo su expresión literaria, la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras. Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas, y que sustenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte [...].

[...] no es difícil entender que los talentos racionales de este lado del mundo, extasiados en la contemplación de sus propias culturas, se hayan quedado sin un método válido para interpretarnos. Es comprensible que insistan en medirnos con la misma vara con que se miden a sí mismos, sin recordar que los estragos de la vida no son iguales para todos, y que la búsqueda de la identidad propia es tan ardua y sangrienta para nosotros como lo fue para ellos. La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos sólo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. Tal vez la Europa venerable sería más comprensiva si tratara de vernos en su propio pasado [...].

Pero creo que los europeos de espíritu clarificador, los que luchan también aquí por una patria grande, más humana y más justa, podrían ayudarnos mejor si revisaran a fondo su manera de vernos [...].

[...] ¿Por qué la originalidad que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de cambio social? ¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes? No: la violencia y el dolor desmesurado de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares, de amarguras sin cuento, y no una confabulación urdida a 3.000 leguas de nuestra casa.