Las puertas de la política

Sólo la resolución del conflicto por la vía de la negociación podrá convertir las conquistas de este gobierno en logros permanentes de la sociedad colombiana...

Por William Ospina

NO ACABA DE OLVIDARSE, ni en Colombia ni fuera de ella, que las guerrillas son organizaciones políticas, así hayan recurrido con tanta frecuencia al terror y a los métodos criminales, entre ellos el abominable secuestro, como instrumentos para la obtención de sus fines. El propio director de la fundación Seguridad y Defensa, Alfredo Rangel, nos lo recordó recientemente a propósito de la entrega del guerrillero Simón Trinidad a la justicia de los Estados Unidos. Tal vez es por eso que algunas organizaciones europeas insisten en brindarle su apoyo a las Farc, y que el gobierno de Venezuela se resiste a acoger el dictamen del presidente Álvaro Uribe, según el cual lo que hay en Colombia hace cuarenta años no es un conflicto político sino una actividad criminal. Tienen sin duda la convicción de que tarde o temprano se va a abrir camino una negociación con las guerrillas, y que para que ello ocurra es preferible no cerrar del todo las puertas del realismo político.

No cabe duda de que las guerrillas han sido las peores enemigas de su propia causa. Por su desconexión de la realidad histórica, por la rudeza de la guerra, por su larguísima duración, que la convierte en el conflicto más antiguo de América, y por la ferocidad de sus propios enemigos, que han armado verdaderos ejércitos sin Dios ni ley para combatir el crimen con el crimen, estas organizaciones guerreras permitieron que lenta e inexorablemente sus argumentos iniciales se vieran oscurecidos por prácticas que las volvieron harto impopulares entre las clases medias, que son las que aquí sostienen la política. Llegó el momento en que Colombia entera sintió que la guerra de las Farc y del Eln iba dirigida más contra las clases medias que contra el Estado, y que, aunque se entendieran las causas históricas de su existencia, nadie podía ver en ellas la esperanza de un país más humano.

PERO LA ACTITUD DEL GOBIERNO de Uribe Vélez, del Estado y de los medios de comunicación hacia los paramilitares parece demostrar que los crímenes que se han cometido no son un obstáculo para el diálogo y para la reincorporación de los grupos al margen de la ley a la legalidad. Si las masacres, el tráfico de drogas y el desplazamiento de millones de campesinos no han sido obstáculos para que se dé una negociación con las autodefensas, evidentemente no pueden serlo tampoco los secuestros, las extorsiones, los asesinatos y los asaltos a los municipios, lo mismo que los vínculos con el narcotráfico. Se diría que la labor de Luis Carlos Restrepo, en su esfuerzo por que la seguridad esté exclusivamente en manos del Estado y desaparezcan todos los grupos que delinquen bajo el pretexto de salvar a la sociedad, es una respuesta a las exigencias de las Farc, cuya primera condición para negociar fue siempre la desaparición de los grupos paramilitares. Ahora bien, todo el mundo está de acuerdo en que esa reincorporación a la vida civil de unos y de otros no se puede dar en la impunidad, ni pasando a ciegas sobre el dolor de las víctimas y sobre el deber de la reparación.

NO CABE DUDA DE QUE LAS GUERRILLAS HAN SIDO LAS PEORES ENEMIGAS DE SU PROPIA CAUSA.

Bastan estos dos años y medio del gobierno de Uribe Vélez, a pesar de su deplorable autoritarismo y de sus errores en el manejo de temas tan sensibles como los derechos humanos, para demostrar que el país puede cambiar, y que un clima de confianza y un horizonte de prosperidad pueden abrirse para los colombianos, si existe el verdadero empeño de corregir los males de Colombia. Por su propio análisis, que al parecer muchos colombianos comparten, el gobierno ha convertido la guerra y la seguridad en la primera prioridad del Estado, y por ello ha dedicado la mayor parte de los recursos de la nación a fortalecer a las Fuerzas Militares. Los resultados están a la vista: la gente viaja más, siente el país un poco más accesible que hace unos años, el turismo se recupera, la confianza de los inversionistas crece, la guerrilla se repliega.

PERO NADIE IGNORA que ello no significa que la guerrilla haya desaparecido. Su capacidad de perturbar el orden social y de repuntar con mayor energía sigue vigente, porque el gobierno no podrá mantener el ritmo actual de inversiones en seguridad descuidando como hasta ahora casi todos los otros campos de la vida pública. La red vial de Colombia es una de las más atrasadas del continente; la educación ofrece un panorama harto modesto en el contexto continental; la salud no pasa de un estado precario; la violencia intrafamiliar es enorme; la delincuencia no cede; el narcotráfico sigue siendo el oficio de muchos poderosos y el recurso de muchos humildes; la pobreza es alarmante; la marginalidad es deprimente; la dignidad humana sigue postergada para las mayorías.

SÓLO LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO por la vía de la negociación podrá convertir las conquistas de este gobierno, que sería mezquino negar, en logros permanentes de la sociedad colombiana, y en piedras sillares de un gran proceso de transformación. Esa negociación supondrá concesiones, pero nadie puede pensar que realmente el país pueda ser entregado a veinte mil o treinta mil hombres simplemente porque fueron ofendidos hace cuarenta años, o porque han librado una guerra de indignación durante esas cuatro décadas. A quien hay que entregarle el país es a su gente, la mayor parte de la cual cumple la ley, trabaja, y espera la oportunidad de convertirse en símbolo de una nación engrandecida y de un proyecto de civilización verdaderamente digno.

En ese marco de reflexión veo posible un entendimiento entre Colombia y Venezuela, que serene la impetuosidad de los gobernantes, y que ponga las prioridades del respeto entre las naciones, de la reconciliación de Colombia y del imperio de la ley en el centro del diálogo entre vecinos y hermanos.

A QUIEN HAY QUE ENTREGARLE EL PAÍS ES A SU GENTE, LA MAYOR PARTE DE LA CUAL CUMPLE LA LEY...