Rebelión social contra la violencia de género

por Carmen Sanjurjo González
La Nueva España

La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el mismo hecho de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.

Este párrafo da inicio al texto del proyecto de ley orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta ley, que es la primera ley europea destinada específicamente a combatir la violencia contra las mujeres, será puesta en marcha gracias a la unión de todos los grupos parlamentarios con representación en el Congreso; pero además es el resultado del esfuerzo de muchas asociaciones de mujeres y colectivos que han realizado una importantísima tarea de reivindicación de seguridad y libertad para las mujeres desde la radical defensa de los valores de la Democracia, la autonomía personal, la igualdad de los seres humanos y el derecho a la integridad física.

Conscientes de la gravedad del fenómeno de la violencia de género, responsable del asesinato de más de 600 mujeres sólo en los últimos 8 años (con un promedio de una mujer cada 5 días), las asociaciones de mujeres y los colectivos en defensa de la igualdad venimos reclamando la necesidad de una auténtica «rebelión social» contra la violencia de género, desde la fundamentación teórica del movimiento feminista.

El machismo ha provocado siempre víctimas entre las mujeres. La ruptura del machismo que hoy vivimos está provocando aún más víctimas. La violencia constituye el símbolo más brutal de la desigualdad que existe en nuestra sociedad. El incumplimiento del principio básico de igualdad de oportunidades para las mujeres está en el origen de la violencia ejercida en nuestra contra.

Los planes de actuación puestos en marcha por la Administración del Estado, hasta el momento, han detectado el problema y arbitrado respuestas al mismo. La situación precisa, ahora, de una norma que unifique, en un mismo texto legal, medidas de prevención, protección, asesoramiento, información y tutela.

De esta necesidad, compartida por las diferentes fuerzas políticas, ha surgido la iniciativa del Gobierno de la nación de proponer una ley integral de Medidas Urgentes contra la Violencia de Género.

Se trata de una ley específica para un problema muy concreto: la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres, derivada de un modelo social consolidado durante siglos según el cual, en una relación afectiva, los hombres deben ejercer el papel de dominación y las mujeres el papel de sumisión, incompatible con el ejercicio pleno de su autonomía personal.

Para romper esta concepción de la relación entre las personas, hombres y mujeres, la ley tiene un carácter integral y contempla actuaciones en ámbitos tan diversos como la prevención, para luchar contra la mentalidad social que otorga a las mujeres un papel de subordinación; la protección para aquellas mujeres víctimas de la violencia de género, y la ayuda social, laboral, jurídica, psicológica, sanitaria y asistencial a las agredidas.

Las medidas preventivas se centran en la inclusión, en el sistema educativo, de contenidos de formación en igualdad y de análisis crítico de las desigualdades que se dan en la sociedad, así como en la vigilancia y prevención de contenidos sexistas o discriminatorios en la publicidad y los medios de comunicación.

Las medidas asistenciales tienen por objeto facilitar a la víctima de violencia de género información y asesoramiento, centros de atención de emergencia, centros de tratamiento integral, asistencia sanitaria y psicológica especializada, beneficios de carácter laboral en relación con la movilidad laboral, modificación de horarios, ayudas económicas o bonificación a empresas para su contratación, entre otras.
Las medidas judiciales, encaminadas a ofrecer una mayor protección a las mujeres, contemplan la creación de los nuevos juzgados de violencia, de fiscalías específicas y el agravamiento de penas en los delitos cometidos por hombres en el marco de la violencia de género, sobre mujeres o personas especialmente vulnerables.
Desde el punto de vista institucional, la ley prevé la creación del Observatorio Nacional contra la Violencia de Género y de la nueva figura del delegado del Gobierno contra la Violencia hacia la Mujer.

Establece también esta ley medidas de formación específica para los profesionales sanitarios, judiciales y para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
En definitiva, la ley va a suponer el reconocimiento de la violencia de género como un problema de Estado y la articulación de numerosas medidas de prevención, protección, asesoramiento, información y tutela; pero conviene ser prudentes con el efecto inmediato de esta ley y tener en cuenta que, para acabar con la raíz del problema, será necesaria una transformación completa de la mentalidad social, que incorpore definitivamente el valor de la igualdad entre las personas. Ésta será la auténtica rebelión social contra la violencia de género.

Carmen Sanjurjo González es secretaria de igualdad de la FSA-PSOE.

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