¿Quién fue?

Es absolutamente necesario saber quién cometió los crímenes en San José de Apartadó. Nuestro futuro como país civilizado depende de ello.

Por William Ospina

LA MUERTE en condiciones atroces de varios miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y de sus parientes, incluidos varios niños pequeños, es un hecho de la mayor gravedad que debe ser investigado y aclarado por las autoridades.

Son muchos los crímenes que se han cometido contra esta comunidad por haber tomado la decisión de declararse ajena a la guerra que enluta diariamente a nuestro país, pero en esta ocasión los crímenes se han perpetrado con la mayor sevicia, como para aleccionar a todos aquellos que quisieran seguir los pasos de una comunidad que, hastiada de la guerra y de ser objeto de intimidación y venganza por parte de todos los actores violentos, optó por declararse neutral y ponerse bajo protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y de la comunidad internacional.

... SALVO EN LAS TIRANÍAS, EN TODO EL MUNDO LOS DISIDENTES PACÍFICOS TIENEN DERECHO A SERLO...

Algunos acontecimientos previos deben tenerse en cuenta a la hora de analizar este crimen. En primer lugar el hecho de que el señor presidente de la República, al tiempo que repite sin cesar que en Colombia no hay guerra, haya declarado repetidas veces que en Colombia no puede haber comunidades neutrales con respecto a los enfrentamientos militares que se presentan por todas partes. En segundo lugar, el hecho de que un consejero de Palacio haya publicado un libro en el que clasifica a distintos sectores del país según su mayor o menor afinidad con la política oficial, y prácticamente denuncia la existencia de personas neutrales en la sociedad.

Estoy seguro de que ni el presidente ni su consejero tienen la intención de convertir a nadie en blanco de los criminales, pero como estamos en Colombia, y desafortunadamente en guerra, todas esas afirmaciones, sostenidas por tan altos voceros del poder en Colombia, no dejan de alentar la idea de que quienes se aparten de la ideología que hoy nos gobierna son enemigos de la ley y de alguna manera cómplices del terrorismo.

A LA LUZ de lo que dice el presidente, la comunidad de Paz de San José de Apartadó puede ser vista como una disidencia en el seno de nuestra sociedad. Pero, salvo en las tiranías, en todo el mundo los disidentes pacíficos tienen derecho a serlo, y apartarse de las políticas oficiales, sobre todo en un país como Colombia, donde cada gobierno cambia la interpretación de los conflictos y el lenguaje con que se los analiza, es algo que pertenece al orden de la libertad de opinión y no puede ser elevado o rebajado arbitrariamente a la categoría de delito.

También el vicepresidente de la República, Francisco Santos, declaró recientemente que los medios mismos de los que él procede, cada vez que informan de acuerdo con criterios distintos de los oficiales se convierten en cajas de resonancia de la guerrilla, y pueden ser, incluso, más peligrosos que las bombas de los terroristas. Si esto pueden pensar y decir personajes en los que se presumen la capacidad de reflexión y las altas dosis de prudencia que requiere el manejo de un Estado, qué no podrán llegar a pensar quienes creen que al Estado se lo puede defender mediante el crimen, incluidas las masacres atroces. No es difícil que sectores de moral más laxa y de conducta violenta se sientan autorizados por esas palabras a apoyar la guerra contra el terrorismo aniquilando a los supuestos aliados del terror.

Pero si no es terror la muerte a garrote de un líder pacifista respetado a nivel internacional, de su esposa y de sus pequeños hijos, ¿a dónde puede llegar nuestra capacidad de falsear el lenguaje y de vivir en un mundo de incongruencias?

ES GRAVE que la Comunidad de paz de San José haya denunciado que quienes cometieron el crimen son miembros de la fuerza pública, y más grave aún que el gobierno, empezando por el ministro de Defensa, en lugar de prometer la más rigurosa investigación, haya salido a negar esas denuncias, cuando, después de Cajamarca y de Guaitarilla, todos sabemos que aquí nadie está en condiciones de negar o de afirmar nada hasta que una investigación cuidadosa arroje sus resultados. Admitir la posibilidad de unos hechos no es admitir los hechos, y es un error pensar que negándolos con un énfasis irreal se protege la dignidad de las fuerzas militares.

... DESPUÉS DE CAJAMARCA Y GUAITARILLA, TODOS SABEMOS QUE AQUÍ NADIE ESTÁ EN CONDICIONES DE NEGAR O DE AFIRMAR NADA.

No es así: a las fuerzas militares sólo las puede defender la verdad. Si el crimen no fue cometido por sus agentes, la sociedad sentirá alivio y crecerá la confianza en ellas. Si miembros de las fuerzas armadas lo cometieron, una investigación seria y una justicia pronta y pública será la mejor manera de disipar sospechas y de crear confianza en la política que abandera el gobierno.

Pero ante hechos de esta gravedad nada alarma tanto como el temor de que se quiera tender un manto de silencio y de invisibilidad sobre una denuncia hecha por la comunidad y que tiene resonancia en todo el mundo. Es allí donde la transparencia es la única defensa.

Porque estamos asistiendo a un proceso de desmovilización de los grupos paramilitares que durante años pretendieron defender a la sociedad recurriendo a los métodos más siniestros. Y en los últimos años el gobierno ha insistido en que el único modo de fortalecer el Estado es desmontar a esos grupos irregulares que combaten el crimen con el crimen y adelantan la guerra sucia contra el terror de las guerrillas. Espantoso sería que el terror de los grupos al margen de la ley no desaparezca con ellos, sino que empiece a ser aplicado por los propios cuerpos de seguridad del Estado.

LA PRUEBA DE FUEGO de la política del presidente Uribe Vélez es demostrarles a Colombia y al mundo que se pueden defender a las instituciones con la ley y no contra ella. Los colombianos, que sostenemos el Estado con nuestros impuestos, tenemos la obligación de exigirle que obre en el marco de la ley y que sancione toda conducta antisocial en su seno, y no podemos olvidar los tiempos de los chulavitas, cuando ese Estado fue capaz de volver sus armas contra los ciudadanos. Por eso es absolutamente necesario saber quién cometió los crímenes en San José de Apartadó. Nuestro futuro como país civilizado depende de ello.