En la ONU: Colombia sigue de tumbo en tumbo

El relator especial de las Naciones Unidas sobre asuntos indígenas, señala que en Colombia se esta perpetrando verdaderos genocidios y etnocidios contra los pueblos indígenas. Con este informe el Estado colombiano sale muy mal librado, sigue en el limbo, tanto es así que el gobierno Uribe ha enviado una nota diplomática para defenderse.

Por Cesar García Sanclemente*

Después del Reporte ante Naciones Unidas del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión en Colombia, Sr. Ambeyi Ligabol, el turno ahora fue para el relator especial sobre asuntos indígenas Sr. Rodolfo Stavenhagen.

Como en el anterior informe sobre libertad de prensa, en el presente sobre asuntos indígenas, el Estado colombiano sale muy mal librado, sigue en el limbo, tanto es así que el gobierno Uribe ha enviado una nota diplomática para defenderse.

Este informe que se presenta de conformidad con la resolución 2003/56 de la Comisión de Derechos Humanos, introduce el tema de los indígenas en Colombia, con algunas informaciones estadísticas donde señala entre otras cosas que: en Colombia existen oficialmente 84 pueblos indígenas con una población total de aproximadamente 785.000 habitantes, pero algunas estimaciones la colocan en cerca de un millón de personas, contándose más de 90 etnias.

Se reparte en todos los departamentos del país acusando una gran diversidad demográfica y cultural. Tres pueblos (wayúu, paéz y emberá) cuentan con más de 50.000 personas, mientras que más de treinta comunidades cuentan con menos de 500 habitantes. Se incluyen agricultores, recolectores y pescadores, así como comunidades campesinas indígenas y pequeños grupos nómadas. También existe una creciente población indígena urbana.

Sintetizamos para nuestros lectores los puntos más importantes de este reporte de las Naciones Unidas. El reporte señaló que:

a) La brecha existente entre la constitucionalidad, la efectiva aplicación de las normas y la funcionalidad institucional hace que los adelantos establecidos en la Constitución del 1991 se hayan visto limitados

b) Se denuncia la militarización de algunas comunidades indígenas. Preocupa particularmente al Relator Especial la situación de algunas comunidades muy pequeñas que se encuentran al borde de la extinción por los asesinatos de sus dirigentes, masacres, amenazas y dispersión forzada de sus pobladores.

c) El Relator Especial llama la atención de cuestiones urgentes como el desplazamiento interno forzado de muchos indígenas, la explotación de los recursos naturales de sus territorios, las fumigaciones de sus tierras en el marco de la lucha contra los cultivos ilícitos y la consulta previa en los asuntos que les afectan, especialmente en materia de desarrollo económico.

d) Particularmente preocupantes son los efectos devastadores del conflicto. Por ello el Relator Especial hace un llamamiento para que sea reactivado el proceso de paz que conlleve el respeto al derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

e) Que la fiscalía acorde prioridad para investigar y aplicar la ley a todas las denuncias relativas a abusos y violaciones cometidas por miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional contra miembros de comunidades indígenas; que se de término a programas como la red de informantes, los soldados campesinos y “soldados por un día”, para niños y jóvenes indígenas, y que las instancias del Estado correspondientes cumplan debidamente las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido para los distintos pueblos indígenas.

f) En el contexto de las nuevas medidas adoptadas para la lucha contra el terrorismo, el Relator Especial hace un llamamiento para que ningún indígena sea detenido por las fuerzas militares sin que exista previamente una orden de captura expedida por una autoridad judicial competente. Recomienda además el respeto íntegro de las competencias originarias de la Corte Constitucional y en particular de la acción de la tutela, uno de los mecanismos primordiales para la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas

g) La violencia política contra los indígenas se incrementó en los años noventa. La tasa de violencia es 100% mayor a la media nacional en los municipios indígenas, siendo los más afectados los pueblos kankuamo y wiwa de la Sierra Nevada, el pueblo kofán en Putumayo, el chimila en Magdalena, así como los pueblos korebajú, betoyes y nasa, y los tule y embera katío en la región de Urabá.

h) Han sido denunciadas varias masacres ocurridas en los últimos años en las zonas indígenas, imputables a la Fuerza Aérea, en el marco de la estrategia militar del gobierno de combate a los grupos guerrilleros. Por ejemplo, el Cabildo Indígena de Magui, en Nariño, denuncia un bombardeo aéreo ocurrido el 12 de febrero de 2004, que destruyó la escuela del lugar. Según las informaciones recibidas durante la visita se señala que en ocasiones los militares no habrían hecho nada por impedir masacres anunciadas por los paramilitares, como sucedió en el caso del Naya.

i) Numerosas comunidades indígenas denuncian asesinatos selectivos de sus líderes y voceros y de sus autoridades tradicionales. Estos homicidios, que parecen formar parte de estrategias diseñadas a descabezar y desorganizar a las comunidades indígenas, contribuyen a la desintegración social y cultural de las mismas. Se trata de verdaderos genocidios y etnocidios perpetrados contra los pueblos indígenas. También son preocupantes los asesinatos de defensores de los derechos humanos, alentados tal vez por declaraciones de las más altas autoridades gubernamentales asimilando infundadamente las organizaciones de derechos humanos como terroristas.

j) Se estima que el 12% de los desplazados en el país son indígenas. El Centro de Cooperación Indígena (CECOIN) informó de que 128 casos de desplazamientos masivos indígenas tuvieron lugar en por lo menos 63 municipios entre 1995 y 2003, afectando a 28.000 personas, y durante 2002 lo hicieron 12.650 indígenas

k) El Relator Especial recibió denuncias de detenciones masivas y arbitrarias efectuadas por elementos del ejército en comunidades indígenas, sin previa orden judicial de captura, al amparo del Estatuto Antiterrorista que permite a las Fuerzas Armadas ejercer funciones judiciales en zonas de conflicto.

El gobierno colombiano ha enviado una nota diplomática de protesta, porque como es obvio este reporte es una bofetada a los intentos de lavar su imagen. Los esfuerzos de la chancillería y sus embajadas por mejorar la imagen gubernamental en el exterior, son estériles ante el comportamiento real del Estado y sus mecanismos para-institucionales.

El gobierno se queja que el reporte no señala los esfuerzos del gobierno en materia de protección de las comunidades indígenas, y lamenta que el reporte haya utilizado el concepto de “Genocidio y Etnocidio”. En su defensa el gobierno trata de desviar la atención, entablando una discusión jurídica sobre la tipificación del genocidio, pues considera que en Colombia no se cumple el elemento subjetivo que “consiste en la intención de destruir parcial o totalmente a un grupo nacional étnico, racial o religioso”, el gobierno obviamente a olvidado los 5 mil dirigentes y militantes de la Unión Patriótica asesinados por el terrorismo de Estado con expresa y hasta confesa intención.

En el caso de los indígenas, el gobierno pretende ignorar que muchos de los macroproyectos ligados al capital extranjero han contribuido a la destrucción del hábitat natural de los indígenas, poniendo en peligro su supervivencia, profanando sus lugares sagrados, irrespetando su cultura, y poniendo en riesgo la perennidad de su memoria colectiva. Con la desfachatez que caracteriza al gobierno Uribe, en la comunicación el Estado colombiano manifiesta que tiene “una política de tolerancia cero” contra los miembros de las fuerzas armadas comprometidos en violación de DDHH, cuando éste y los gobiernos que lo han precedido han dejado intacto el fuero militar (incluso lo han fortalecido) que es una de las fuentes de impunidad mas importantes del Estado colombiano.

El gobierno colombiano, al mismo tiempo que busca defenderse de las acusaciones de la comunidad internacional, con machacados y mentirosos argumentos, sigue con su política de militarización de la sociedad colombiana, incluidas las poblaciones indígenas. Así lo demuestra el relator especial, al denunciar la creación de un batallón de alta montaña en la sierra nevada de Santa Marta amenazando con ello la integridad física y moral de los indígenas que allí habitan.

* Enviado especiado de ANNCOL, Ginebra, Suiza.