Tensiones en comunidades de Chiapas por lo elevado de las tarifas eléctricas

Deudas acumuladas y cobros desiguales, parte del problema que permanece sin solución

por HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis., 9 de diciembre. Para decenas de miles de chiapanecos, en su mayoría indígenas, el suministro de energía eléctrica, sus costos y limitaciones, representa, junto con la militarización intensiva de las comunidades, la cara real del gobierno federal. En la zona norte del estado la situación, además de grave, resulta reveladora.

El incremento en las tarifas eléctricas y las consecuencias derivadas del impago representan uno de los principales problemas en las comunidades. Así lo manifestaron diferentes grupos entrevistados por Servicio Internacional para la Paz (Sipaz) en una reciente visita al municipio de Tila, así como a la junta de buen gobierno (JBG) Nueva semilla que va a producir, en Roberto Barrios, para la cual "los conflictos con la luz y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han sido el principal problema tratado durante su primer año de funcionamiento".

Tila es una de las regiones donde se sufrió la mayor violencia paramilitar tras el levantamiento zapatista y como parte de la política de contrainsurgencia. Allí se conformó el grupo Desarrollo, Paz y Justicia, "acusado de cometer actos paramilitares, generando temor, desplazamientos y muerte entre quienes formaban parte del EZLN o de otras organizaciones como los perredistas y Abu Xu (coalición de grupos de la sociedad civil)".

En un informe difundido hoy (Desobediencia al pago de la luz: lucha local contra la privatización), Sipaz señala que "la sobrefacturación de la luz y los problemas afectan a los diferentes grupos en las comunidades". En la zona norte, las casas cuentan con una media de tres focos por familia; sólo una minoría posee aparatos eléctricos, y su ritmo de vida va con el horario solar. En algunas, como Jolinxtié, durante la época más dura del conflicto sólo tenían luz quienes estaban con el gobierno. En años recientes, las facturas pasaron de 15 o 20 pesos por familia a montos 10 o 20 veces superiores. "Hablamos de familias que ni siquiera cuentan con un salario mínimo al mes, por lo que es imposible pagar deudas de miles de pesos".

Sipaz añade que la CFE corta el suministro "como represalia por la falta de pago, generando reacciones violentas de una población indignada e impotente para cargar con un costo de luz desproporcionado".

Este mes se cumple un año de que el gobierno de Chiapas firmó un convenio con la CFE para poner en marcha el programa Tarifa Vida Mejor (TVM), vigente hasta 2006. Sus objetivos, según el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, serían: poner fin a la "cultura del ’no pago’, iniciar la era de la ’corresponsabilidad’ y alcanzar una tarifa justa de luz para todos los chiapanecos". Asimismo, se acordaba el "perdón" para quienes se encontraran presos por la lucha social contra las tarifas injustas.

En este contexto "se presenta la TVM como la vía para dar una salida dialogada a este conflicto. La falta de información adecuada hizo pensar a muchos consumidores que la nueva tarifa se establecería sin contar con los adeudos. Por el contrario, la firma del convenio implicaba reconocer el historial de consumo".

Las deudas llegan a ser tan elevadas que aunque el gobierno asuma un porcentaje representan sumas impagables. Muchos de quienes firmaron con el gobierno, y no pueden hacer frente a las facturas, ven cortada su luz de forma definitiva. "El programa no ha dado los resultados deseados, ya que la mayor parte de las personas en resistencia lo rechaza", añade Sipaz.

"Las bases de apoyo zapatistas no pagan la luz desde 1994, como parte de su movimiento de resistencia frente a todos los impuestos y cobros del gobierno. Representa un instrumento más de presión para exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Reivindican la luz como propiedad colectiva de la nación, y por ello, exigen la distribución pública de la misma. Las JBG asumen el mantenimiento de los transformadores y sustituyen así la falta de servicio de la CFE en sus territorios".

Por otro lado se encuentra el movimiento de resistencia civil, creado específicamente para oponerse al pago de la luz. En Tila, la mayoría son personas próximas al PRD, desplazadas por la violencia de Paz y Justicia. "El inicio de su resistencia se da cuando, al retornar a sus casas tras haber conseguido salvar sus vidas, reciben facturas con todas las deudas acumuladas en el tiempo de su desplazamiento. La imposibilidad de pagar cantidades tan altas, y la indignación por tener que ser deudores de la CFE luego de ser desplazados de su territorio, los motivó a declararse en resistencia".

Su decisión es no pagar mientras no se establezca una tarifa justa. Pertenecen a la Alianza Estatal de Resistencia Civil del estado de Chiapas, creada en abril de este año, "con el fin de luchar por una tarifa justa, consecuente con las condiciones económicas de la población".

Algunos priístas, tradicionalmente apegados al gobierno, también han dejado de pagar la luz (incluso los que aceptaron la TVM), pero no se articulan con los movimientos de resistencia. En algunas comunidades, los diferentes grupos políticos (zapatistas, perredistas, priístas o del Partido del Trabajo) se han organizado ante cortes masivos de luz, apunta el informe de Sipaz.

Chiapas genera entre 45 y 65 por ciento de la energía hidroeléctrica del país. Mientras la mayor parte de la energía producida en Chiapas es destinada a la ciudad de México y su zona conurbada, hay regiones de la selva Lacandona donde hasta 90 por ciento de las comunidades carece del servicio.

Sipaz constató que la TVM ha generado conflictos en las comunidades. "Los funcionarios de la CFE han forzado a la población a firmar. En algunas comunidades el propio comisariado presiona a las familias para que firmen el Convenio, y en otras, dicha firma se establece como requisito para poder acceder a otras ayudas gubernamentales".

A esto se agrega la mala calidad del suministro. Los apagones son cotidianos y las comunidades sufren bajas y subidas de voltaje que dañan sus aparatos. La medición del consumo no se comprueba directamente en las comunidades, lo que puede explicar las desigualdades en las facturas, incomprensibles para los usuarios, pues quienes más consumen, pagan menos; incluso hay quienes no reciben facturas.