LA COMPLICIDAD DE LOS JUECES EN LAS APROPIACIONES

Una tarea pendiente

Durante las audiencias del juicio se puso en evidencia que funcionarios judiciales que podrían haber evitado algunas apropiaciones de niños no lo hicieron. Los casos.

Cuando los juicios orales son largos puede pasar que la riqueza de los testimonios se desdibuje en el camino. En este juicio que termina después de un año y medio, el valor de esas historias quedó condensado en condenas que reconocen, por fin, que la apropiación de hijos de desaparecidos fue fruto de un plan sistemático pergeñado por la cúpula militar. Pero esos relatos, lejos de quedar diluidos, dejaron una importante ventana entreabierta: la que muestra que hubo un estamento de poder, el de los jueces, que tenía la posibilidad de cortar por lo menos una parte del sistema de apropiaciones y, sin embargo, no lo hizo y en ocasiones lo apañó. Si bien en las audiencias del Tribunal Oral Federal 6 (TOC6) la mayoría de los casos juzgados fueron entregas directas de niños con partidas de nacimiento falsas, quedó evidencia la existencia de otros mecanismos que intentaban dar aspecto de legalidad a las apropiaciones. Los jueces que dieron en guarda a chicos nacidos en cautiverio o arrancados a sus padres fueron mencionados por múltiples voces, desde la de una asistente social hasta la de Estela de Carlotto y la de algunos nietos recuperados. Ahora quedará a prueba la voluntad del Poder Judicial de investigarse a sí mismo.

En plena dictadura las Abuelas de Plaza de Mayo recorrían juzgados en la búsqueda de sus nietos, nacidos en cautiverio o desaparecidos con sus padres. Iban con carpetas con fotos, documentos y datos. Esperaban ayuda de los jueces. En esto estaba en 1978 Carlotto cuando fue al juzgado de Gustavo Mitchell. Sabía que tenía a cargo una beba entregada en Casa Cuna, cuya fecha de nacimiento podía coincidir con la del bebé que dio a luz en cautiverio su hija Laura, antes de que la asesinaran. Al dar testimonio ante el TOF6, Estela recordó el mensaje que recibió de parte del magistrado: “Que se cuide”... “porque podría terminar en una zanja”.

El tribunal oral hizo una denuncia ante el juzgado de Norberto Oyarbide, quien ya investigaba a Mitchell (juez de Casación Penal hasta hace poco) por su intervención en la entrega de Simón Riquelo a un subcomisario, en base a una denuncia del ahora juez Alejo Ramos Padilla. Riquelo era un bebé cuando su madre, Sara Méndez, fue secuestrada. Ella lo buscó y lo encontró después de 26 años. El juzgado detectó que el trámite de las guardas de niños NN en el juzgado de Mitchell se hacía en tiempo record y sin buscar a la familia biológica. Luego pidió todos los legajos de adopción de Capital en la dictadura, entre ellos los del juzgado de María Servini de Cubría. De las cientos de carpetas se separaron 21 por ofrecer sospechas. Servini recusó a la secretaria a cargo de la pesquisa. Sin aceptar la recusación, Oyarbide igual la apartó. A la querella de Abuelas no le dejaron ver el expediente en los últimos tiempos. Les dicen que están ocupados con la causa Schoklender.

El emblemático caso de la jueza de Lomas de Zamora Delia Pons, quien les espetaba a las Abuelas que nunca les devolvería a sus nietos, también fue revivido en el juicio, cuando declaró la asistente social Felicitas Elías. Contó cómo la jueza ya fallecida rompió y tiró a la basura el documento de Emiliano Ginés, un hijo de desaparecidos con síndrome de Down, y recordó la historia de los tres hermanos Ramírez, cuya mamá había sido asesinada, pero el padre y una tía reclamaban la restitución. Pons se las negó y los mandó al Hogar Belén –donde sufrieron abusos sexuales– “porque eran hijos de un paraguayo montonero que había desafiado la Constitución y no merecía recuperarlos”. Con la democracia, los chicos pudieron reencontrarse con su padre en Suecia. Elías relató que, en una ocasión, después de recibir a las Abuelas, Pons llamó al jefe policial de la provincia Ramón Camps. Con la expectativa de encontrar a otros nietos, Abuelas promovió una investigación sobre ese juzgado e hizo lo mismo sobre otros como el de la jueza Ofelia Hejt (que dio en guarda al nieto recuperado Andrés La Blunda, y a Marcela y Felipe Noble Herrera).

“Queda pendiente juzgar a otros partícipes del plan sistemático: habrá un juicio a los médicos que actuaron en los partos y falta avanzar con los funcionarios judiciales que intervinieron blanqueando con procedimientos de adopción la entrega de niños que en muchos casos sabían que eran hijos de desaparecidos. Más del 30 por ciento de los nietos recuperados fue entregado con esos procedimientos”, dijo Alan Iud, abogado de las Abuelas. El día que Victoria Montenegro se sentó ante el TOC6 y contó entre llantos que el entonces fiscal de Casación Juan Martín Romero Victorica ayudaba a su apropiador adelantándole información de las causas y poniéndole abogados quedó claro que la complicidad judicial con los represores y el robo de niños no era sólo una cuestión del pasado.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-198061-2012-07-06.html