Solidaridad con Bolivia

por Asociación France Amérique Latine y Colectivo Bolivia (Francia)

Bolivia está viviendo más de dos semanas de conflictos sociales. Diversas organizaciones sociales demandan el cumplimiento de un compromiso asumido por el presidente Carlos Mesa al momento de asumir el gobierno. Es decir, llevar adelante lo que se ha dado en llamar la "Agenda de Octubre". Esta agenda exigía la realización de un referendum que defina el destino de los hidrocarburos y la realización de una Asamblea Constituyente para redefinir el país, bajo el entendido que el modelo económico imperante (de corte neoliberal) y la forma como se construyó el país resultaban inviables frente a las necesidades de sus habitantes.

En junio de 2004 tuvo lugar el referendum por los hidrocarburos, que pese a la ambiguedad con que el gobierno trató de manejarlo dejó en claro la exigencia de la mayoría de la población de recuperar para el Estado la propiedad de los hidrocaburos "en boca de pozo" lo cual significa una virtual nacionalización de los mismos, ya que hasta el momento la propiedad en boca de pozo es exclusiva de las empresas que los explotan.

Luego de diversos ires y venires, el gobierno desconoció este mandato y aprobó una ley que si bien eleva el gravamen impositivo a las empresas petroleras, nada dice de la nacionalización de estos recursos naturales, exigencia que en la actualidad tiene una dimensión nacional en Bolivia, que se expresa como protestas callejeras y bloqueos de caminos generalizados en
8 de los 9 departamentos que conforman el país.

El gobierno, que ha optado por enfrentar a estas movilizaciones con una represión "de baja intensidad" pareciera estar interesado en la maduración de un conflicto entre grupos sociales del país. En efecto, grupos ligados a las oligarquías del oriente boliviano (familias de ganaderos y petroleros, sobre todo de la ciudad de Santa Cruz) han conformado grupos de choque, armados, que enfrentan violentamente a grupos de manifestantes, mientras que su élite intelectual exige la autonomía para su región, es decir, autonomía sobre la región donde se encuentran los yacimientos de gas más importantes del país. Este pedido de autonomía no incluye a los grupos campesinos e indígenas de su región, los cuáles comienzan a organizar la resistencia, pese a las agresiones de las bandas armadas de la oligarquía.

La conformación de este "movimiento" autonómico de Santa Cruz puede describirse así: La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la Federación de Empresarios y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) son las cuatro poderosas organizaciones que conforman el Estado
Mayor del comando empresarial, estructura que se complementa con las fuerzas del Comité Cívico Pro Santa Cruz; el movimiento "Nación Camba", su brazo ideológico, y la Unión Juvenil Cruceñista, algo así como el "grupo de choque", es decir las bandas juveniles armadas que se dedican a agredir a los movimientos sociales.

El Comité Cívico Pro Santa Cruz ha jugado ya un papel en la historia del país cuando, en 1971, apoyó y coordinó el golpe de Estado del entonces coronel Hugo Bánzer Suárez. En retribución, el entonces dictador favoreció al Comité y al departamento, con los beneficios provenientes de la explotación petrolífera.

Actualmente Santa Cruz no es el departamento con mayores reservas de hidrocarburos, ese puesto lo tiene Tarija, departamento al que Santa Cruz ha sumado en la demanda autonómica, conformando así la llamada Media Luna de Oriente, que incluye además a los departamentos de Pando, Beni y Chuquisaca.

Es bueno señalar que de todos modos es en Santa Cruz donde se da la presencia directa de la jerarquía petrolera, que además de dinamizar la economía cruceña, también abona las relaciones comerciales con el empresariado local. No hay que olvidar que la inversión petrolera no supone solamente la perforación de pozos, sino que también tiene que ver con el
control de ductos o la administración de estaciones de servicio, entre otros negocios. Por tanto, como ya lo observó el periodista Miguel Lora, "no tendría por qué extrañar que, dada la estrecha vinculación entre el empresariado, la industria, la banca y terratenientes con intereses
petroleros, estalle una rebelión regional justo en el momento crítico en el que se discute la nueva Ley de Hidrocarburos".

La conformación de esta Media Luna de Oriente también da sentido a quienes profetizan la balcanización de Bolivia o la guerra civil entre Oriente y Occidente. Sin embargo, hay que aclarar que la Media Luna es una coordinación entre élites económicas e intelectuales departamentales, que si bien en determinado momento lograron convocar a las clases populares con su discruso de desarrollo regional, éstas cada vez toman más distancia de esta
dirigencia toda vez que queda claro que su intención no es realmente regional, sino de grupo que no quiere perder ni poder ni beneficios petrolíferos, pero sobre todo por los métodos violentos con que combaten las movilizaciones de campesinos e indígenas.

En este escenario, el gobierno se deja estar, como esperando que la polarización de la sociedad pueda dar la necesaria sensación de guerra civil como para justificar una intervención militar de magnitud, sea con el ejército boliviano o con alguna otra fuerza exterior.

Paralelamente, una flamante OEA, bajo el liderazgo de Jorge Insulza y el patrocinio de Condoleezza Rice comienza a dar señales de querer ser quienes diriman el conflicto boliviano bajo el pretexto de que peligra la democracia. Rice fue clara cuando dijo que la OEA actuó mal al no haber hecho nada para evitar la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de
2003, quien fue puesto en fuga del país por una movilización popular nacional que se oponía, justamente, a la expropiación del gas por empresas transnacionales. Asimismo sugirió que no debería suceder lo mismo ahora que las movilizaciones sociales desestabilizan el gobierno de Carlos Mesa.

Curiosamente, el departamento de Estado de los EEUU ha publicado una lista de países, entre los que se encuentra Bolivia, acusados de tolerar el tráfico de seres humanos y de no respetar los derechos humanos a los que se les da además 90 días de plazo para corregir ese problema, de lo contrario, amenazan con sanciones.

A todo esto se suma la insistencia con que EEUU califica de terroristas y narcotraficantes a los movimientos sociales que se oponen al modelo neoliberal, a los tratados de libre comercio y a la entrega de los recursos naturales a las transnacionales. Con este calificativo, no sólo intentan deslegitimar su lucha, sino crear el escenario de una intervención armada para "desactivarlos" amparados en las leyes contra el terrorismo y el narcotráfico y justificados bajo el principio de que están combatiendo el mal que amenaza al mundo.

En resumen, quisiéramos dejar en claro que pese a lo que se quiere hacer créer, en Bolivia no existe un peligro de balcanización o guerra civil. Lo que existen son movilizaciones en contra de élites que han gobernado el país de espaldas a la población, beneficiándose privadamente de las riquezas y recursos naturales existentes en su territorio.

Denunciamos que estas élites están empeñadas en crear el clima de guerra civil que les permita acciones militares que los mantengan en el poder indefinidamente.

Alertamos que es muy posible que la OEA, el gobierno de los EEUU y las empresas transnacionales que explotan diferentes recursos naturales en el país estén buscando las justificaciones para una intervención armada en Bolivia.

Exigimos que se detenga cualquier intento de intervención y que se permita a la sociedad boliviana arribar a las soluciones necesarias para que se restablezca la tranquilidad en Bolivia. Estas soluciones ya han sido planteadas por los movimientos sociales y pasan por la recuperación para el Estado de los recursos naturales y por la realización de una Asamblea

Constituyente en la cual, todos los actores de la sociedad boliviana trabajen en la redefinición del país, que desde su fundación, en 1825, fue construído de espaldas a la sociedad y a las mayoría que habitan en él. Fue construído para beneficio de unas cuantas familias que siguen
bendeficiándose de él hasta nuestros días.

Desde París firman : Asociación France Amérique Latine y Colectivo Bolivia (Francia)